El pasado 20 de julio pasará a la historia por haber marcado un nuevo hito en la degeneración del sistema político dominicano.

El proceso que comenzara hace 10 años con la instauración de una perfecta “Cleptocracia”, en la que el gobierno del PLD encabezado por Leonel Fernández y su Comité Político dieron rienda suelta a la manipulación de las instituciones y al desfalco masivo de los fondos del Estado, endeudando al país hasta límites inconcebibles, el domingo pasado fue completado por Miguel Vargas Maldonado y sus secuaces escenificando un espectáculo en el cual la arbitrariedad, el fraude y las pistolas pretendieron sustituir a la voluntad popular para “legitimar” su control del PRD y su alianza estratégica con Leonel Fernández. Para cumplir su objetivo, a la pandilla de MVM no le importó violar flagrantemente las normas más elementales de todo proceso electoral: respeto al derecho al voto de todos los integrantes de la colectividad política, libertad de elección, participación en la organización del mismo, representación en los centros de votación, respeto a los órganos de prensa libre, supervisión por organismos independientes; así como ataques violentos a los disidentes y otras lindezas perpetradas en el curso de ese trágico día.

Ya no se trata aquí de “travesuras electorales” como a los que nos tuvo acostumbrados el régimen balaguerista, sino de un verdadero secuestro de todos los modestos avances alcanzados por la sociedad dominicana en el orden político, luego de 50 años de luchas, por construir una sociedad más justa y desarrollada. Creemos que con esa jornada luctuosa el país político tocó fondo y no parece tener otra salida que la transformación total de las reglas de juego de la convivencia política dominicana.

Realmente, que un presidente de la JCE califique de simple manifestación de “cultura política” las atrocidades que se cometieron contra los principios consagrados en la Constitución, las leyes y la convivencia civilizada; que un Tribunal Superior Electoral parece ignorar sus deberes más elementales para garantizar la democracia interna en los partidos y el país, y que el Tribunal Constitucional se preste a validar el secuestro de nuestras instituciones por una minoría inescrupulosa, indican la magnitud del drama nacional que enfrentamos. Para salvaguardar nuestras libertades y derechos fundamentales, en estas circunstancias con “la Iglesia en manos de Lutero”, nada vale una ley de partidos políticos, ni una ley orgánica electoral aún pendiente, si es que va a ser administrado por poderes que han sido secuestrados por sus actuales detentores como los vergonzosos resultados de la trigésima Convención del PRD.

No queda pues otra cosa que acelerar el reagrupamiento de las fuerzas políticas dominicanas amantes de la democracia y el progreso, para librar una lucha frontal contra este estado de cosas que nos avergüenza a todos, despojándonos de ambiciones personales y organizacionales que nos separan, a fin de recuperar 50 años de historia para el beneficio del país.

Luego de consolidada la cleptocracia (gobierno de ladrones), parece que se busca entronizar el pistolerismo político como forma de obtener y retener el poder en nuestro país…

¡Dios nos coja confesados!..