En el transcurso del 2021 se observó una perspectiva institucional que enfoca al Ministerio Público desde su misión constitucional de defender el interés público tutelado por la ley, y hacer efectivos los derechos y garantías consignados en defensa de la sociedad de acuerdo a los límites que impone el mandato de la Constitución, lo que ha significado la existencia de un ambiente de reconocimiento y respeto de las reglas propias del Estado de Derecho para asegurar la calidad y legitimidad del órgano y de la vida democrática en sentido general.

La sociedad percibe el gran incremento del trabajo que ha venido realizando el Ministerio Público, tomando en consideración el elevado número de acusaciones presentadas ante los órganos jurisdiccionales, especialmente de aquellos que involucran expedientes complejos que señalan alegados entramados de corrupción y narcotráfico.

Precisamente, lo anterior se ha traducido en un avance material evidente desde la plena concentración de los esfuerzos institucionales en cuestiones que habían sido exigidas por parte de la ciudadanía, como la lucha contra la impunidad.

Es decir, en términos cuantitativos –y también cualitativos–, el Ministerio Público ha repuntado considerablemente la confianza ciudadana sobre sus acciones, lo cual puede servir de ejemplo para otros entes estatales en sus delimitadas dimensiones programáticas.

Los medios de comunicación y muchas organizaciones sociales han evaluado estas iniciativas como una verdadera hazaña, tomando en consideración el que estas decisiones se han tomado en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional y de establecimiento de su independencia formal y material, en tanto defensor del interés público.

En esta valoración institucional se destaca que el verdadero hito no se circunscribe siquiera al hecho de quiénes han sido imputados sino de una persecución penal que refleja un Ministerio Público que ejerce sus atribuciones con un marcado criterio de imparcialidad que prioriza la objetividad, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas en el marco de la persecución del delito.

En suma, valoramos que desde la propia Procuraduría General de la República se ha mostrado la importancia de dedicar los tiempos necesarios a los diferentes procesos de investigación en curso, generando por tanto una respuesta más efectiva y eficaz de cara a la persecución de la corrupción y de las distintas modalidades del crimen organizado.

Sin perjuicio de lo anterior, desde FINJUS advertimos la necesidad de que la persecución penal no derive en el sobretratamiento mediático de los casos, y se evite generar un proceso irregular o violaciones de los derechos del sujeto inmerso en un proceso penal en calidad de imputado.

Esta garantía resulta ineludible para que los imputados no se vean expuestos a un juicio anticipado e incluso a una condena moral con sentencia dictada en los medios de comunicación, y se convierta en uno de los graves peligros advertidos por las más importantes corrientes de la doctrina jurídico-penal: el “populismo punitivo” o “populismo penal”.

De ello resulta especialmente importante conciliar el interés social que indudablemente provocan estos casos y su consecuente obligatoria publicidad de las actuaciones judiciales por un lado, y el derecho a comunicar libremente información veraz con el respeto a las condiciones, para que el proceso se desarrolle con normalidad y no se produzca una colisión con derechos como la presunción de inocencia, la intimidad, la dignidad, imagen, el honor, entre otros.
Por otro lado, como parte importante del balance del 2021, valoramos muy positivamente la iniciativa del Poder Ejecutivo de corresponder al contenido normativo que refiere a la asignación presupuestaria de los órganos del sistema de justicia, de lo cual se ha anunciado un incremento en la partida correspondiente al Ministerio Público, cuestión sustancial para el fortalecimiento institucional del órgano en materias de tecnificación e investigación.

En reiteradas ocasiones, hemos indicado al respecto que la autonomía real de una entidad tan importante como el Ministerio Público sumado a la garantía de su operatividad funcional depende, en gran medida, de los recursos que le sean asignados para materializar los supuestos de sus mandatos normativos. Por tanto, para generar el cumplimiento concreto de fines esenciales por parte de los poderes públicos, deberá repensarse en cómo se vislumbra la arquitectura institucional del Estado desde los enunciados dispuestos en las normas, frente a la garantía de ejecución presupuestaria que se asigne a éstos conforme su realidad concreta.

Dentro de los retos pendientes con relación al sistema de justicia entendemos que a la fecha debe continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan. La superación de los retos antedichos, representan necesidades escalonadas y próximas a otras similares en entidades del Estado dominicano. De manera que, aún existe un largo camino que recorrer en el plano institucional general del país.

Es necesario continuar en los procesos de reforma en curso, especialmente de conformidad a los presupuestos constitucionales que faltan por materializar, esto así pues la democracia, el desarrollo económico y social y la convivencia pacífica están atados a la existencia de un sistema de justicia eficaz y eficiente, integrado por órganos gestionados adecuadamente y coherentes con sus misiones constitucionales.

Todo lo anterior debe complementarse con otras medidas que reforzarían la capacidad de persecución del crimen organizado y el delito, así como la creación de un ambiente de transparencia que es ineludible para el fortalecimiento de la democracia. Estas medidas deben estar amparadas en el imperio de la ley y la adecuación de las mismas a las nuevas dinámicas sociales.

Quedan pendiente, como retos para el 2022, la realización del compromiso del Poder Ejecutivo de impulsar un conjunto de reformas, como la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas No. 10-04; la adopción de un Código Penal consensuado y moderno; una nueva Ley de Contrataciones Públicas; la Ley de Extinción de Dominio; entre otros aspectos de primer orden de una agenda legislativa prioritaria para vencer la opacidad y la corrupción.

2022 está llamado a ser el escenario donde el Estado y la sociedad establezcan mecanismos fluidos y ágiles que faciliten la colaboración interinstitucional, el intercambio de informaciones, lineamientos y datos, para que finalmente podamos superar la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas.

Desde FINJUS observamos que cada uno de los esfuerzos institucionales antes mencionados han tenido un recorrido significativo en los últimos tiempos, lo que ha redundado en una fiscalización ciudadana más activa de los diferentes procesos, a pesar de los obstáculos locales e internacionales ocurridos en el último período. Por tanto, el 2022 se puede convertir en el espacio ideal para la implementación de las reformas pendientes, cuyo éxito dependerá de cuán fortalecidas se encuentren la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el impulso de nuestra institucionalidad democrática.

Servio Tulio Castaños Guzmán. Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS