En sentido general, estamos en un proceso de transición de un régimen a otro y en este como en todos esos procesos, las transiciones no son lineales. Sus características tienen tantos matices que algunos no pueden encasillarse en una tipología de fácil caracterización.

Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de juzgar algunas medidas que al inicio toma un régimen de reciente instalación, porque siempre habrá de situarla en el contexto jurídico/político que le sirve de marco.

En esencia, el presente gobierno en el discurrir de sus pocos días ha sido consecuente con las expectativas/esperanza que ha concitado en la población para que en el país se produzca un cambio sustancial en la conducción del Estado. Sin soslayar eventuales yerros veniales o inexcusablemente capitales.

El antiguo régimen del PLD no se basaba en la fuerza bruta, en la represión abiertamente violenta que caracteriza a los gobiernos totalitarios para lograr el consenso y hegemonía que por mucho tiempo mantuvo.

Esta la obtuvo a través del control cuasi absoluto de las instituciones y de la asignación discrecional del erario, con la que estableció una estructura de cooptación de recursos humanos para reproducirse en el poder. De ese modo estableció un sistema político sustentado fundamentalmente en reglas no escritas, con las cuales normaba la participación y la forma de competencia política claramente a su favor.

Con ella estableció una perversa forma de acceso a las diversas instancias del poder a muchos de sus conmilitones, excluyendo a importantes actores y personas de la vida política y social.
El régimen que ahora desmontamos no es la clásica transición de una dictadura a una democracia, sino esencialmente de una cultura política a otra.

Desmontar una cultura política de un régimen de vocación patrimonial, como fue el del PLD, es una tarea compleja.

Es difícil demoler la amplia red que ese partido estableció para mantener en su estructura de gobierno a diversos beneficiarios es complicado, porque al hacerlo podrían cometerse errores. Pero, destruir esa red es básico para establecer una nueva cultura de la eficiencia, la eficacia y la honestidad en el nuevo gobierno.

Además de difícil, esa tarea está condicionada por factores de tipo legal que son insoslayables por un régimen que no ha surgido por una ruptura violenta del orden anterior.
Esa circunstancia impone gradualidad/tiempo a muchas medidas que deben tomarse para producir un cambio sostenible.

No obstante, ya se ha iniciado el proceso de preparación, para instrumentarlos, de varios expedientes judiciales contra la corrupción cometida en diversas instituciones del Estado y contra singulares individuos, entre los que se cuentan quien fuera candidato presidencial del PLD en las pasadas elecciones.

Al mismo tiempo, el presidente, junto a la responsable de políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción del gobierno, anuncia una serie de medidas para adecentar la administración pública.

Una sistemática acción ciudadana para que sea efectivo un estricto cumplimiento de estas, podría producir un significativo cambio en las instituciones del Estado.

Estas son cuestiones de fondo altamente positivas. No obstante, en todo proceso de cambio se cometen yerros.

Entre otros, se han producido cancelaciones no pertinentes y acciones legalmente equivocadas por su forma y contenido. Las medidas, buenas o malas, que tome un nuevo régimen determinarán el curso que habrá de tomar.

Por tanto, en este caso, para la consistencia de su aprobación o la pertinencia de su crítica, el tiempo es determinante.