El presidente Luis Abinader acaba de confirmar que hablaba muy en serio cuando insistió de manera consistente, durante los últimos diez años, en su compromiso de aplicar medidas efectivas para frenar la corrupción y la burocracia administrativa, factores que en la práctica han frenado o ralentizado el desarrollo económico del país.

Al encabezar la inauguración de un muelle turístico en la ciudad de Miches y el inicio de un hotel de la marca Temptation en las proximidades del mismo pueblo, Abinader anunció su decisión de poner el marcha el programa “burocracia cero y gobierno eficiente”, para estimular la inversión nacional y extranjera y generar nuevos empleos.

De acuerdo mis registros, Abinader habló por primera vez sobre el tema en el año 2011, cuando siendo candidato vicepresidencial en la fórmula encabezada por Hipólito Mejía, se declaró partidario de instituir en el país la «ley de Silencio Administrativo», para reducir el tiempo de respuesta a cualquier proyecto de inversión.

En aquella ocasión dijo que la propuesta legislación haría posible que un trámite fuera considerado aceptado si en un determinado plazo, que podría ser no mayor de tres meses, la entidad pública correspondiente no ofrecía una respuesta en un sentido o en otro.

De la palabra a los hechos

Pero su compromiso no se quedó en el discurso de campaña del 2012, ya que en octubre del 2015, siendo el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presentó ante diversos sectores de la sociedad el programa Gobierno Eficiente, que incluía un conjunto de propuestas para crear un clima de facilidades a la inversión, el desarrollo económico y la generación de empleos productivos.

Dos años después, el 23 de julio del 2017, Abinader sometió al congreso al través del Bloque parlamentario del PRM los anteproyectos para crear la ley de Silencio Administrativo, la reforma para modernizar la Ley de Inversiones del año 995, que establecería un sistema de Ventanilla Única; la Ley de Estabilidad Jurídica, que garantizaría las mismas condiciones jurídicas durante los primeros diez años de vida de las empresas, y la Ley de Simplificación Burocrática que eliminaría trámites y procedimientos duplicados entre distintas autoridades junto al establecimiento del Sistema de Archivo Digital de Documentos.

Aunque fue introducida a la agenda del Congreso por los legisladores del PRM, la iniciativa no logró progresar por falta de apoyo en la mayoría parlamentaria del Partido de la Liberación Dominicana.

Abinader ha sido coherente en cuestionar la ausencia de una política que facilite la actividad productiva y el desarrollo de nuevas inversiones, y que debido a la cultura de la corrupción el gobierno prefiera que los procesos sean tortuosos, facilitando el chantaje, la extorsión y el tráfico de influencias que obstaculizan el emprendimiento y las inversiones.

Una burocracia macondiana

En el año el año 2018 la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), Susy Gatón, reveló que debió esperar dos años para que el Ministerio de Obras Públicas le aprobara el proyecto Ribera Colonial en el sector de Villa Duarte.

Indicó en aquel momento que la aprobación de una vivienda conllevaba 17 pasos a través de siete instituciones, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y el ayuntamiento correspondiente.

Sin embargo, más dramático y macondiano es el caso de un proyecto para la construcción de una planta de energía eólica en Las Galeras, Samaná, que se inició en el año 2007, a raíz de la aprobación de la Ley de Energía Renovable número 57-07, para finalmente recibir la respuesta negativa de la Comisión Nacional de Energía en el 2015, 8 años después.

La decisión de rechazo fue sustentada en razones ambientales, a pesar de que el proyecto ya tenía la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, según explicó el ingeniero José Oscar Orsini Bosch, quien encabezaba el proyecto basado en una inversión de cuatro millones de dólares.

De hecho, el grupo ya tiene trece años esperando el permiso para la operación de la Generadora Eólica de Las Galeras. Se conoce, sin embargo, que el pasado director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Rafael Paz, logró avances importantes en la simplificación de algunos procesos burocráticos.

De ser debidamente asumido por la burocracia estatal del nuevo gobierno, la disposición del presidente Abinader deberá tener un impacto revolucionario en la dinámica económica del país, ya que independientemente de las limitaciones del marco legal que regula la materia, la falta de voluntad política ha sido uno de los factores determinantes en las dificultades que ha tenido el país para asegurar un clima favorable para la inversión y desarrollo económico. (6 de septiembre 2020).