Cada día, los ciudadanos profundizan sus cuestionamientos al sector Justicia porque las consecuencias previsibles y sanciones ejemplares no tocan franjas en capacidad de burlar históricamente la ley. Es decir, el esfuerzo de independizar el Ministerio Público y afán de estructurar una judicatura creíble terminan doblegada por factores que, lamentablemente, muestran dureza en el orden sancionador con los segmentos pobres de la población.

Toda la información y admisión de sobornos en los casos Odebrecht y Súper Tucano llegaron a los oídos de la ciudadanía como resultado de investigaciones desarrolladas fuera de la jurisdicción nacional. Es decir, el interés extranjero y la naturaleza sancionadora de su ordenamiento jurídico colocó en la ruta de penalizar a los potenciales responsables que, por astucia y complicidad, terminan liberados en procesos cantinflescos que admitieron pagos sin sanción a los sobornados.

Aunque la sanción social es evidente, resultados orientados a liberarlos del alcance de la Justicia provocan un nivel de insatisfacción que daña el interés de adecentamiento de la vida política y generan verdaderos cuestionamientos a la lucha contra la corrupción. Básicamente, ante la sed de sanción que nunca se detiene en tecnicismos, fundamentándose en una tradición de tolerancia y protección de sectores que nunca llegan a la cárcel. Además, los paralelismos relativos a experiencia en otros países donde ministros, legisladores y exgobernantes guardan prisión, señalan y/o desenmascaran el drama de las incapacidades del ente sancionador que, en el caso nuestro, amarga y desilusiona a una parte importante de la población.

Le invitamos a leer: Hubieres pide a PGR investigar denuncia de corrupción en cárcel de La Victoria

La verdadera derrota del modelo democrático y retroceso institucional está relacionada con la escasa funcionalidad del sector Justicia. Sentir que la alarma social alrededor de porcentajes de presos preventivos y corrupción en el sistema carcelario ocupan los titulares y concentra la atención cuando figuras con jerarquía política o económica provocan debates por su situación procesal, demuestra la arritmia en los anhelos de que la decencia prevalezca.

En los casos de Odebrecht y Embraer, empresas que admitieron delitos y se conectaron con el ADN corrupto de sectores políticos y empresariales, vale la pena admitir el golpe mortal a la lucha anticorrupción. Lamentablemente, devuelven la sensación de intocables a segmentos con un historial de destrezas para nunca ser alcanzados por la ley. De sabor amargo y sensación frustratoria queda la idea trágica de que, siempre duro con los pobres, y profundamente tolerante con los poderosos.