El ordenamiento territorial sigue siendo uno de los principales deberes no cumplidos por nuestra clase política. Mientras nuestros legisladores desguazan el país creando nuevas provincias, dividiendo algunas existentes y creando nuevos municipios y distritos municipales sin sentido de la medida ni de la pertinencia y sin que se termine la discusión y aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial. No se aprueba debido a los más diversos y hasta oscuros intereses políticos y económicos envueltos, a los que se añade la existencia de importantes nudos sobre lo urbano y la gestión local que deben ser desatados.

Es urgente que la gestión del espacio y del territorio se dote de un instrumento legal que ponga límites al caos en que discurre el crecimiento de las áreas urbanas y sus entornos rurales del país, pero la efectividad y sostenibilidad de ese marco, por su carácter general, descansa en la existencia una ley de suelo, de planes de orden nación o maestros de los gobiernos locales, de una ley urbana o de planificación actualizada y sobre todo, de una solución del tema de las figuras municipio y distrito municipal, entre otros.

Esto último está al centro de los desacuerdos que han determinado que no se haya aprobado la ley en cuestión. Es el caso de los distritos municipales, una figura que en algunos países se crea para la gestión de zonas especiales tales como: centros de ciudades o municipios de particular vocación. En cierta medida, con esa se idea aquí se justificó la creación de los DM. Inicialmente, su director era nombrado por el alcalde del municipio correspondiente, esto se modificó y ahora, por ley, las autoridades de los DM son elegido por voto popular.

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Esa circunstancia, unida a que los DM como los municipios tienen competencias prácticamente iguales, a pesar de que, con relación a los municipios, el Tribunal Constitucional los declara de “categoría inferior”, planteando serios dilemas políticos, de soberanía y de derechos de toda índole. Se da el caso de DM Santiago Oeste, con sus 86,500 habitantes supera a cinco provincias (con sus 5 senadores) al igual que varios de mayor relevancia económica y a veces hasta poblacional que sus municipios circundantes y por ley no tienen derecho al ejercicio pleno para dotarse de planes de regulación de su territorio.

Se requiere una ley de suelo limite sus costos, no solo que los clasifique, para evitar el encarecimiento de ese bien y el de la vivienda y otra urbanística que recoja los cambios que a lo largo de casi 60 años se han producido en varias ciudades. Solo así una ley de ordenamiento podría ser sostenible.