“Tal vez se nos haya tildado de exigentes al tratar de sacar de la impotencia un problema cuya solución, descartando reparación social a favor de la mujer, fluctúa todavía indecisa, en el seno de los viejos códigos vigentes”.

Lo escrito por Petronila Angélica Gómez Brea, en 1934, respondía a una inmensa cantidad de cartas que llegaron a la calle Hostos número 30, donde se había establecido la revista Fémina al llegar de San Pedro de Macorís a la capital, de acérrimos antifeministas alarmados por “el tono de la denuncia” realizada por la directora ante los casos de bigamia cometidos contra dos hermanas de Gurabo Abajo.

¡Sí! En el referido editorial -titulado “Sobre el tema matrimonial”- la fundadora de la revista Fémina acentúa las calamidades provocadas por “los viejos códigos vigentes” a las dominicanas. Esto fue aprovechado por los críticos para minimizar su voz, pero ella responde: “Un alto concepto de feminismo, haciéndonos meditar sobre la lamentable condición de las damas protagonistas, nos ha impulsado a abordar el tema desde un aspecto que seguramente no todos se sienten animados a considerar”.

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Las acotaciones a los “viejos códigos” -que tanto molestó- se hacen públicas en Fémina desde noviembre de 1923, con la difusión de las bases de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, dispositivo que exige reformar las legislaciones vigentes para garantizar la igualdad salarial y el acceso igualitario a carreras y empleos; por supuesto, la igualdad completa en la participación política: mujeres electoras y elegibles.

Las reformas feministas también hacen hincapié en la educación científica para las mujeres, la reparación de la honra, la igualdad en el matrimonio respecto a hijos y bienes; derogar los artículos que atenúan el delito del marido que asesinaba a la esposa… La desaparición de la división de hijos legítimos e ilegítimos. También, la prohibición de la prostitución.

Estas urgentes transformaciones legislativas, sumadas al acta del Congreso Feminista Mexicano (1924) y la Comisión Interamericana de Mujeres (1928), que también publicó Petronila, reafirmaron a las dominicanas y los dominicanos solicitar y vindicar reformas propias para garantizar derechos. Así, desde 1922 a 1932 se impulsan 12 reformas en lo civil, político y económico, precisando que para su logro debían ser derogados los “viejos códigos vigentes”, cuya raíz se encuentra en 26 artículos “inspirados” en el Código Napoleónico.

En lo civil, desde 1922, escriben amplios planes de transformación para hacer realidad el derecho a la educación e instrucción de las mujeres de forma pública y colectiva, por Consuelo Montalvo de Frías; también, en el año fundacional de la revista, se desarrolla el plan reformador de “los viejos códigos” que permitiera la igualdad entre esposo y esposa ante las leyes, un gran aporte del colaborador Félix M. Pérez; para 1926, Montalvo de Frías y Gómez Brea diseñan reformas para el reconocimiento de la “materna potestad” en un plano jurídico similar al de la patria potestad. Las peticiones de 1931 y 1932 buscan reducir los costos del matrimonio civil, pues las parejas de escasos recursos no podían pagarlo, lo que acrecentaba la cantidad de “hijos e hijas naturales”. En 1932, también Montalvo de Frías solicita cambiar la edad para casarse en mujeres, permitida -en ese entonces- a partir de los 12 años.

Entre 1922 a 1930, se presentaron tres propuestas para que fueran reformados los códigos legislativos para conceder el derecho a la ciudadanía, por ende, el voto. Las proponentes fueron María del Mar Caribe (seudónimo de María Luisa Agnelis de Canino) y Carmen González de Peynado.

También, muy motivadas por las actas del Congreso Feminista Mexicano, realizan tres planes de reformas económicas. La primera consistía en ampliar y dignificar los empleos para la mujer dominicana, especialmente como oficinistas en las instituciones públicas, propuesta realizada por Daniel (seudónimo que une a Petronila y Consuelo); en 1927, también toda la redacción de Fémina promueve un plan para que el sistema económico fuera dinamizado con la apertura de las escuelas de artes y oficios (centros técnicos), a fin de que se elevan los salarios de las maquinistas; mientras que en 1932, Leonor Martínez propone modificar las legislaciones para más empleos, mediante la “Ley del Progreso”.

… Así, que aquella exclamación de Gómez Brea en 1934 no era fortuita. Y, en su defensa, un año después, la primera abogada dominicana, Ana Teresa Paradas, escribe en “Matrimonios inexistentes” que la sentencia que se impuso a los hombres que engañaron a las “doncellas de Gurabo”, en septiembre de 1934, fue de apenas tres meses de prisión correccional y el pago de 90 pesos, se debía a la existencia de “viejos códigos vigentes”.