Cuando Juan Hubieres, el controversial diputado y presidente de Fenatrano, acusó a una banda supuestamente dirigida por un funcionario del gobierno vinculado al transporte del asesinato de cuatro choferes pertenecientes a esa organización, en un hecho que calificó de “sicariato político”, muchos pensaron que el “Comandante Rebelde” exageraba o que pretendía desviar la atención de la opinión pública de lo que parecía ser el motivo de esas muertes: las disputas por el control de las rutas entre los distintos sindicatos y federaciones. Sin embargo, las investigaciones realizadas por las autoridades policiales y del Ministerio Público demostraron posteriormente que la denuncia de Hubieres no andaba tan descaminada, pues la banda de sicarios existe, pero no dirigida por un funcionario del gobierno interesado en destruirlo sino por un dirigente político que también es sindicalista. Esa banda, según revelaciones del coronel Jacobo Mateo Moquete, vocero de la Policía, operaba en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, ofrececiendo una amplia variedad de “servicios” a los interesados: secuestros, invasión de terrenos, cobros compulsivos y sicariato. Según las investigaciones policiales el “trabajo” mas delicado, es decir, los asesinatos por encargo, eran responsabilidad de policías (ya hay un sargento preso) y militares. La información de que una estructura criminal de esa naturaleza está íntimamente vinculada al negocio del transporte no debería tomarse como otra bellaquería mas de los “dueños del país”, como los bautizó Radhamés Gómez Pepín, simple y sencillamente porque no lo es. El jefe de la Policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, ha prometido terminar con las rivalidades entre sindicatos y choferes que han convertido nuestras calles y avenidas en campos de batalla, pero resulta evidente que estamos hablando de algo mucho mas grave y peligroso que las peleas callejeras a las que nos tienen acostumbrados.