La lógica induce a suponer que el denunciado fraude cometido por supuestos “empleadores ficticios” contra el Estado a través del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, estimado en más de RD$100.0 millones anuales, llegará hasta las últimas consecuencias en la Justicia, y no se detendrá en el Congreso Nacional.

Porque se trata de una denuncia seria que, como dijera ante una comisión senatorial el director de Tesorería de la Seguridad Social, Henry Sadhalá, ha desequilibrado financieramente a esta dependencia de servicio público en casi el 40 por ciento de sus ingresos.

Entonces el camino adecuado tenía que ser la Justicia, la Procuraduría General de la República, la investigación de la Policía Nacional, paralelamente a depositar el caso en el Senado, cuya responsabilidad final consiste en modificar la resolución con la cual se ha pretendido operar ilegalmente. Según la denuncia, el fraude consiste en reportar cotizaciones con salarios muy inferiores a los mínimos establecidos en la resolución, mediante la cual autoriza a empleadores privados el pago de salarios parciales garantizados por la Seguridad Social, que debe aportar montos superiores al régimen contributivo, salud y pensiones.

“Son mafias que conocen las debilidades del sistema”, fue la expresión lapidaria de Sadhalá. Se refería a que la debilidad sistémica es tan pronunciada que cualquiera finge ser empleador, elabora una nómina con miles de falsos empleados, burla el largo proceso burocrático del SDSS y cobra regularmente abultadas sumas sin ser detectado. Todo esto amerita complicidad interna.

El Senado, apoyado por los diputados, debe fortalecer la resolución haciéndola invulnerable, pero también la Justicia debe actuar, porque es imposible que el ahorro nacional pueda robarse impunemente.

Suerte que Sadhalá, del SDSS, y Kirsis Jáquez, presidenta de los Fondos de Pensiones (ADAFP), dieron la voz de alarma.