En el ámbito de las compras y contrataciones públicas en la República Dominicana, uno de los pilares fundamentales que debería sostener cualquier proceso es la debida diligencia. Sin embargo, lamentablemente, este deber ético y legal parece haber sido relegado al olvido en muchos casos. La falta de atención a la debida diligencia no solo compromete la transparencia y la integridad de los procesos de contratación, sino que también abre las puertas a la corrupción y al mal uso de los recursos públicos.

La debida diligencia implica realizar una investigación exhaustiva y cuidadosa sobre los posibles proveedores o contratistas antes de proceder con la adjudicación de un contrato público. Esto incluye verificar la idoneidad, solvencia y reputación de las empresas involucradas, así como identificar posibles conflictos de interés o irregularidades en sus antecedentes. Sin embargo, en muchos casos, este proceso se lleva a cabo de manera superficial o incluso se omite por completo.

Una de las razones detrás de esta falta de debida diligencia puede ser la presión por cumplir con plazos ajustados o la influencia indebida de intereses particulares. En ocasiones, los funcionarios encargados de los procesos de contratación pueden verse tentados a favorecer a ciertos proveedores sin realizar una evaluación objetiva y completa de todas las opciones disponibles. Esto puede deberse a relaciones personales o políticas, o incluso a la promesa de beneficios futuros.

Otro factor que contribuye a este problema es la falta de supervisión y control efectivos sobre los procesos de contratación. A menudo, las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la legalidad en las compras públicas carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo una supervisión adecuada. Como resultado, los casos de falta de debida diligencia pueden pasar desapercibidos o no ser sancionados de manera adecuada.

La ausencia de debida diligencia no solo afecta la eficiencia y la legitimidad de los procesos de contratación, sino que también tiene consecuencias negativas a largo plazo para el desarrollo del país. Cuando se adjudican contratos a empresas sin la debida evaluación, existe un alto riesgo de que estas no cumplan con los estándares de calidad requeridos o que incumplan sus obligaciones contractuales. Esto puede resultar en proyectos mal ejecutados, retrasos significativos y, en última instancia, en un desperdicio de recursos públicos.

Además, la falta de debida diligencia perpetúa un entorno propicio para la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Cuando los procesos de contratación no son transparentes y se basan en relaciones opacas, se abren las puertas a prácticas corruptas como el soborno, el nepotismo y el favoritismo. Esto socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y desalienta la participación activa en la vida democrática del país.

Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión en los procesos de contratación pública. Esto incluye la implementación de sistemas de monitoreo más rigurosos, así como la promoción de una cultura de integridad y transparencia en todas las instituciones gubernamentales. Además, es fundamental garantizar la independencia y la imparcialidad de los órganos encargados de investigar y sancionar los casos de falta de debida diligencia.

En última instancia, la debida diligencia no es solo un deber ético, sino también un requisito legal en el contexto de las compras y contrataciones públicas. Ignorar este deber no solo es irresponsable, sino que también tiene consecuencias graves y perjudiciales para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Es hora de recordar que la transparencia, la integridad y la responsabilidad son valores fundamentales que deben guiar todas nuestras acciones en el ámbito de la administración pública.