Muy acertado el pedido de la doctora Milagros Ortiz Bosch, Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, al presidente de la Cámara de Cuentas para que no renuncie e investigue todas las declaraciones juradas de los funcionarios públicos tanto entrantes como salientes. Ese señor debe hacer algo antes de irse.

Es posible que la solicitud de Ortiz Bosch se produzca con motivo del escándalo registrado con la ministra de la Juventud, licenciada Kimberly Taveras, quien siendo una funcionaria de primer orden simultáneamente era proveedora del Estado, a pesar que el Art. 14 de la Ley 340-06 le prohíbe realizar negocios con instituciones publicas. Además, esa dama declaró una fortuna de 106 millones de pesos, los cuales tiene que justificar ante la opinión pública.

Y es que quienes apoyamos el cambio tenemos el derecho, un derecho moral, a demandar transparencia y ejemplo ético en cada servidor público, máxime en un organismo como el Ministerio de la Juventud.

Sin embargo, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, enmendó de forma oportuna la irregularidad, al cancelar dos registros a nombre de la referida dama, lo que ratifica una vez más el interés de las actuales autoridades gubernamentales de transparentar el desenvolvimiento de los diversos órganos de la administración pública.

Disponer el cumplimiento del Art. 14 de la Ley 340-06 es un hecho sin precedentes en nuestro país. Y el mérito es de Luis Abinader, quien desde que llegó a la Presidencia de la República viene tomando medidas de combate a la corrupción y a la impunidad. Dentro de esas disposiciones hay que señalar la designación de Carlos Pimentel en Compras y Contrataciones Públicas, quien es representante en el país nada más y nada menos que de Transparencia Internacional.

Y como una forma de declarar la guerra a la impunidad, el jefe de Estado también favoreció mediante decreto a Miriam Germán Brito como procuradora general de la República. Y a su lado puso a Yeni Berenice Reynoso y a otros procuradores que gozan de buena reputación pública.

Una prueba que las medidas no se inscriben en el simple anuncio la constituye el plazo que el mandatario otorgó a los funcionarios para que presenten sus declaraciones juradas so pena de ser sancionados, como efectivamente ocurrió con más o menos una docena de servidores, los cuales fueron suspendidos, sin disfrute de sueldo, hasta tanto presenten la declaración.

El hecho, sin embargo, no se limita a la presentación de declaración jurada, sino que los montos sean debidamente justificados. Los 106 millones de pesos que Kimberly dice tener, con apenas 33 años y sin haber recibido herencia económica, tiene que explicarlo peso por peso, para que los jóvenes dominicanos sientan orgullo de tener a una verdadera representante.

Pero no se trata de nada exclusivo contra la antigua directora del Distrito Municipal de la Guáyiga, donde devengaba un sueldo de 35 mil pesos. Se exige cuenta clara a todos los funcionarios entrantes y salientes, porque la idea del presidente de la República –y de todos los que le apoyamos en el cambio– es de transformar a la República Dominicana, mediante la construcción de una democracia basada en instituciones fuertes.

Y dentro de esas instituciones tiene que estar, naturalmente, una justicia que sancione a todos los dominicanos que violen las leyes, indistintamente de clase social, raza y creencia ideológica.