Loyda Peña 
La defensa técnica de Jochy Gómez solicitó ayer al Consejo del Poder Judicial (CPJ) la suspensión de tres jueces que habrían “coaccionado” a la jueza de Atención Permanente Fátima Veloz, para que le imponga prisión preventiva como medida de coerción al principal imputado en el caso “Camaleón, y ordenar a la Inspectoría general investigar la conducta de los magistrados denunciados.
El pedimento fue hecho a través de una querella disciplinaria depositada ayer por el abogado Carlos Balcácer en la Inspectoría del Poder Judicial, en contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Keyla Pérez Santana (presidenta); Elías Santini, primer sustituto de presidencia; y Arisleyda Méndez Batista, por supuestamente “transgredir” el Código de comportamiento ético del Poder Judicial.
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En la misma se solicita a la Inspectoría general disponer una investigación para que se compruebe la presencia de los tres jueces antes citados, en la audiencia donde la jueza Veloz conocía la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público contra los encartados en el caso “Camaleón” que se celebraba a puerta cerrada.
“Esos tres jueces, sin ser víctimas, se autoproclamaron como tales para sorprender la buena fe del vigilante que tenía ordenes de la jueza de la instrucción para no dejar entrar a nadie, dado el carácter discreto de toda medida de coerción”, dijo Balcácer.
Agregó que ninguno de los tres son víctimas en el caso de marras “ni los artículos 83 y 85 del Código Procesal Penal los ubica a ellos como víctimas ni como agraviados por el simple hecho de que sus nombres aparezcan en una hoja aparte sin contener ninguna nota al margen que comprometa a su cliente.
