Previo a que le fuera ratificada la prisión preventiva al exdirector de la Lotería Luis Dicent, su defensa técnica acusó a la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) de sensacionalista y mediática, y de utilizar a la prensa para, a través de grandes titulares, “amedrentar, amenazar cohibir, recusar y hasta someter a jueces”.

Los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le rechazaron el recurso con el que Dicent pretendía se le variara la prisión preventiva que por un año le impuso por libertad condicionada.

El tribunal decidió mantenerle la prisión preventiva que por un año el impuso un tribunal de primera instancia, por entender que el principal imputado en el fraude millonario que se habría urdido en la Lotería Nacional con el Sorteo celebrado el primero de mayo del 2021, no presentó arraigo suficiente que garanticen su presencia en el proceso que se le sigue junto a otras 10 personas involucradas en la denominada Operación 13.

El exfuncionario reiteró su inocencia y en un acto de dramatismo deseó que la eutanasia (muerte solicitada) estuviera contemplada en la ley para optar por ella.

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Alegó que fue él quien voluntariamente se presento ante la procuraduría general para denunciar el sorteo fraudulento que afectó a varios consorcios de bancas de loterías privadas y que involucró la suma de más de RD$500 millones.

Su defensa, integrada por Albert Delgado y José Bernechea argumentaron que la prisión preventiva que le fue impuesta viola los artículos 40.9 y 69.3 de la Constitución y el 14, 14 y 222 del Código Procesal Penal (CPP), además de que Dicent tenía presupuesto suficiente basado en lo que dice la norma.

Pide Corte ratificar

El Ministerio Público acusó a la defensa del imputado de mentirle a la Corte al afirmar que se trataban de elementos nuevos los presupuestos con los que buscaban la variación de la medida de coerción de Dicent. Mirna Ortiz, representante del MP aseguró que los 74 elementos que decían tener nuevo, eran los mismos que presentaron ante la jueza que le impuso la prisión preventiva y ante el tribunal que conoció la revisión obligatoria de esa medida y que la ratificó, por lo que procedía que la Corte hiciera lo mismo.