El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, habló hoy sobre los detalles de la acusación del caso Medusa, y dijo que lo que ha leído en el expediente preparado por el Ministerio Público «lacera el alma».
“En cuanto a lo que es la República Dominicana un país de ingresos medios, realmente uno llora al leerlo, ahora, no me puedo adelantar por un respeto institucional, para preservar el respeto de los diferentes poderes”, expresó Pablo Ulloa sobre la instrumentación del caso en el que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez es el principal imputado.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo esperar que el Ministerio Público sustente sus pruebas y que los responsables cumplan condenas.
Sobre el expediente
El expediente del caso, que tiene 12,275 páginas, es una de las acusaciones con mayor número de pruebas, con más de 50 acusados, y con tipos penales que van desde coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, la prevaricación, asociación de malhechores y lavado de activos con sus agravantes.
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Así lo informó la fiscal Luisa Liranzo a periodistas que la entrevistaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego que el Ministerio Público depositara la acusación.
“Contamos con más de 3,000 pruebas, entre ellas pruebas documentales, periciales y testimoniales”, afirmó Liranzo.
El expediente fue sometido en la Oficina de Atención Permanente, de la Fiscalía del Distrito Nacional, por un grupo de fiscales encabezados por Liranzo e integrados por Enmanuel Ramírez, Andrés Mena, Miguel Collado, Marinel Brea y Rosa Alba García.
Los fiscales, que forman parte de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitan en el expediente el envío a juicio a los vinculados en el entramado de corrupción administrativa.
Luego de ese paso el expediente será enviado a la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, quien apoderará al juzgado que conocerá la acusación preliminar.
El caso Medusa
En el expediente de solicitud de medida de coerción contra Rodríguez y los demás implicados en el caso, el Ministerio Público los acusa de distraer fondos de agencias de cooperación internacional, de crear nóminas falsas para usar fondos del presupuesto de la Procuraduría, incurrir en procesos fraudulentos de compras, recibir sobornos y destruir evidencias en la transición.