Loyda Peña 
Rodolfo Valentín
“Ningún Tribunal, por la creatividad de algún fiscal o querellante puede legislar respecto a la Defensa Pública…”
Así reaccionó el director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP), Rodolfo Valentín, ante la ordenanza del juez del sexto juzgado de la instrucción para que designe un abogado a la empresa de un imputado en el caso Medusa que también defiende.
A través de un twit, el funcionario le dijo al juez Amauris Martínez “que le quede claro” que la Defensoría Pública es un órgano constitucional con autonomía reforzada, y que “no defiende ni va a defender empresas”.
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El mandato del juez al director de la ONDP se produjo en la madrugada del pasado 25 de febrero, luego de que el imputado Rafael Rasuk, cuya defensa es un defensor público, declaró no tener dinero para pagar un abogado privado que defienda su empresa FF Import, también acusada de haber participado en los actos de corrupción que el Ministerio Público le atribuye al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Ante la negativa del defensor público presente a sumir sin el consentimiento de la ONDP la defensa de la empresa de marras, la directora de Persecución de la Procuraduría Yeni Berenice Reynoso, solicitó al juez notificarle al órgano para que asista técnicamente a la empresa de Rasuk.
A este pedimento se adhirieron el representante del Estado dominicano y el de la Fundación Alfredo Nobel, afirmando que esa es una prerrogativa que le da al imputado la Ley 277 de la Defensoría Pública.
En septiembre de 2021, el director de la ONDP advirtió mediante oficio a los coordinadores y defensores públicos, las consecuencias de violar la norma.
