La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, solicitó a la Conferencia del Episcopado Dominicano, disponer “las providencias de lugar” a sus sacerdotes, religiosos y feligreses, para que defiendan la Cueva de las Maravillas y todas las áreas protegidas y reservas antropológicas, especialmente a los que habitan en las provincias San Pedro de Macorís y La Romana.

La Defensora del Pueblo hizo la solicitud en una carta que envió a monseñor Diómedes Espinal de León, presidente de la CED, y demás obispos que integran esa entidad, con atención a monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de San Pedro de Macoris, en cuya demarcación está ubicada la Cueva de las Maravillas.

En la misiva que envió al CED, fechada del 17 de septiembre del 2018, Martínez Guante puso en conocimiento de los obispos católicos las acciones judiciales que ha emprendido el Defensor del Pueblo, en busca de la nulidad del acto de donación de la Cueva de las Maravillas al Patronato Fundación Cueva de las Maravillas, por parte del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Le recordó que el 22 de agosto del 2018 sometió por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción en nulidad contra el acto de donación de la Cueva de las Maravillas del 15 de agosto del año 2014, mediante el cual el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) transfiere a título gratuito el derecho de propiedad de diez millones cuatrocientos un mil quinientos dieciocho metros cuadrados dentro de las parcelas 2,7,10,12 y 13 del Distrito catastral número 1 del municipio Ramón Santana, de la provincia San Pedro de Macorís, en beneficio de la entidad privada Fundación Patronato Cueva de las Maravillas, Inc., conjuntamente contra los demás actos jurídicos conexos.

Igualmente, que solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 248-04, de fecha 22 de marzo del año 2004.

Señaló a los obispos en la comunicación, que esas parcelas se encuentran dentro del área protegida “Monumento Natural Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas”, cuyo estatus jurídico de protección ambiental data del día 3 de julio de 1996, por el decreto no. 233-96, del entonces presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer, así como su correspondiente zona de amortiguamiento.

Este miércoles, 26 de septiembre, el Tribunal Superior Administrativo, conocerá una solicitud de medida cautelar interpuesta por el Defensor del Pueblo, que busca evitar que la Cámara de Diputados conozca el contrato de donación de esa área protegida hasta tanto se decida la acción en nulidad.