Defensores Públicos al borde del colapso

Defensores Públicos  al borde del colapso

El trabajo de los Defensores Públicos a nivel nacional es el más cercano a los desposeídos, a los maltratados por el sistema de administración de justicia.
Es por eso que lo desarrollan en un ámbito de entrega humana total, siempre en atención al desprendimiento y a la labor humana.
Sin embargo, el sistema de justicia les ha dado la espalda a estos servidores, que surgen como una necesidad de ofrecer una tutela real del derecho de defensa que les asiste a los imputados.
La reflexión es de un grupo de abogados organizados en la Asociación Dominicana de Defensores Públicos (ADDP), que abogan por mejores condiciones laborales y otras reinvidicaciones.
Los directivos de la entidad participaron en La Esquina Joven de Hoy, donde expusieron la situación calamitosa que padecen.
Adalquiris Lespin Abreu, presidenta; Ramón Gustavo de los Santos, vicepresidente; Robinson Reyes, secretario general y Miolany Herasme, tesorera, señalaron que los empleados de la ONDP están en un momento de angustia generalizada, debido a que la inflación, aseguran, se traga cada día los beneficios salariales.
“Debemos apuntar que la estabilidad económica influye de manera directa en el estado de ánimo y el desempeño de los trabajadores, por lo que estamos en procura de llevar un aliciente a la economía de quienes constituyen la Defensa Pública”, expresó Lespin Abreu.
Cobertura. Explicó que representan la oficina de abogados más grande del país, ya que manejan más del 80 por ciento de los casos penales de todo el territorio Nacional.
En promedio, un defensor público tiene asignados más de 400 casos activos por persona a nivel nacional y de manera particular la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo, donde los casos asignados sobrepasan los 600 por cada defensor.
Sin duda alguna, explicaron, son dentro del entorno jurídico nacional los profesionales del derecho que más funciones realizan y que menos remuneración reciben con relación a jueces y fiscales.
Marginados. Con la partida presupuestaria de este año, la judicatura y el Ministerio Público realizaron un aumento de sueldo a sus empleados de un 20% y 25%, los cuales fueron aplicados e incluso con retroactivo.
Sin embargo, para los empleados de la Defensa Pública fue aprobado un “insignificante” 5%, el cual a la fecha no han percibido.
Los representantes de la Defensoría fueron enfáticos en señalar que los demás actores del sistema han recibido aumentos significativos y constantes en los últimos años, pero en la defensa pública el último aumento se registró en 2014, y fue de menos de un diez por ciento.
Antes, en 2008, recibieron un ajuste insignificante comparado con los demás actores. Señalan que tienen mayor carga laboral, mayor presión, más exigencias en el desempeño de las funciones, por un lado, y un salario estático, por otro.

Sistema. El Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, y la Oficina Nacional de Defensa Pública, son los ejes fundamentales del sistema de justicia penal del país. Solo los defensores públicos tienen sueldos “famélicos”, no acorde con los estándares de eficiencia, expresaron.
“De continuar como estamos, la productividad y la eficacia en el trabajo que realizamos vendrán en detrimento, ya que sin sueldos dignos se ve afectado todo el entorno social y emocional de un servidor público”, advirtieron.
Ante la lamentable situación descrita, hicieron un llamado al Gobierno para que proporcione un mayor presupuesto, que permita a la Dirección de la Oficina Nacional de la Defensa Pública asignar una mayor porción al capital humano, capaz de colocarlos en condición de igual con los demás actores del sistema.
“Es por eso que nosotros surgimos para reclamar que también se reconozcan nuestros derechos en procura de que se mantenga firme la protección de los derechos de las personas”, manifestó la presidenta de la asociación.
Advierten que continuarán en pie de lucha hasta lograr la plena satisfacción de sus derechos a ostentar un salario digno en consonancia con los demás integrantes del sistema.
Los defensores devengan un salario bruto de RD$55,000 y con los descuentos asciende a RD$49,000.

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