Más de 80% de profesores que laboran en escuelas públicas están titulados
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Como lo expresara Álvaro Marchesi, otrora Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura (OEI), “la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado.
De ahí la prioridad que la gran mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente, Pero si el profesorado es clave para la calidad de la enseñanza, es preciso admitir también que no se puede mejorar la acción educativa de los profesores sin conseguir al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas”.
La lectura de Marchesis nos impulsó a dedicarle más tiempo al tema de la profesión docente como tal, teniendo en cuenta que los docentes trabajamos en un contexto social y cultural determinado y en unas condiciones educativas y laborales específicas.
Al final de la llamada “Era de Trujillo” nos encontramos con que la mayoría de los profesores que laboraban en las escuelas públicas y en los contados colegios privados que entonces existían habían accedido al oficio de enseñar sin la debida formación.
Con el advenimiento de la democracia aquí surgió la necesidad de proporcionarles formación y titulación especializada a miles de maestros en servicio. También, la de reformar el sistema dominicano de instrucción pública en todos sus niveles y modalidades.
Ambos procesos, el de formación y capacitación docente y el de reforma del sistema, debían de marchar al unísono; pero, emprenderlos acarreaba un aumento considerable de las partidas presupuestarias destinadas al sector, en momentos en que el país no disponía de suficientes recursos económicos para hacerlo.
Como sabemos, una reforma de la educación no puede llevarse a cabo sin contar con un cuerpo profesoral dispuesto y técnicamente capacitado para hacerlo.
Si bien es cierto que los proyectos de reforma de la educación son formulados por expertos y por técnicos en la materia, el proceso en sí tiene lugar en las aulas y laboratorios de clase bajo la dirección y supervisión de personas especializadas.
En materia de educación, nunca debe perderse de vista las condiciones del ambiente en el cual nos desenvolvemos, a fin de remover los obstáculos que impiden o limitan nuestros esfuerzos en favor de una escuela mejor.
Para innovar la práctica docente, producir nuevos conocimientos pedagógicos e integrar los procesos de formación de maestros con el desarrollo del sistema de instrucción, no bastan las acciones del Ministerio de Educación.
Se hace necesaria la participación de las universidades y de otras instituciones en procesos tan complejos como los mencionados.
El Sistema Dominicano de Instrucción Pública hoy cuenta con un personal docente y administrativo muy a tono a tono con las exigencias de la época.
Sí al final de la Era de Trujillo no disponíamos de recursos suficientes conque enfrentar tantas calamidades, ¿cómo fue que diligenciamos los recursos que hoy tenemos? Los afanes para conseguirlos se iniciaron hace más de cuatro décadas con la puesta en práctica en horario sabatino de un novedoso programa de formación y capacitación de maestros emprendido en el año 1966 por la Universidad Pedro Henríquez Ureña bajo la dirección del profesor Luis Duvergé Mejía.
Al año siguiente, el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo inició en la ciudad de San Pedro de Macorís un programa de formación de maestros llamado Plan Macorís el cual tuvo muy buena acogida en esa región.
Todos esos esfuerzos sirvieron de acicate para que otras universidades comenzaran a ofertar con igual éxito programa de formación y capacitación docente.
Gracias a esos y a otros esfuerzos por el estilo hoy, más del 80% de los profesores que laboran en las escuelas públicas poseen un título universitario o de maestro normal. Y muchos de ellos han cursado estudios de post grado aquí o en universidades extranjeras.