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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), deploró que el tema corrupción administrativa brillara por su ausencia en la agenda de la recién celebrada 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americano (OEA), llevada a cabo en Medellín Colombia, durante los días del 26 al 28 de junio, con la participación de unos 30 países y cuya versión estuvo dedicada a la Innovación para Fortalecer el Multilateralismo Hemisférico.
La asamblea priorizó como temas centrales de discusión, la situación política y social de Venezuela, el papel de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la crisis migratoria y los desafíos en derechos humanos que vive la región, además durante la cita regional se nombraron cuatro comisionados, resultando electos Perú, Guatemala, Jamaica y Panamá, para gestionar en lo sucesivo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, con sede en Washington.
Trajano Potentini presidente de Justicia y Transparencia informó que fue la única entidad que participó por la República Dominicana en su rol de sociedad civil, al tiempo de lamentar la apatía de los sectores sociales dominicanos que no participan de estos eventos, también criticó que la delegación oficial dominicana, apenas estuviera encabezada por un vice-canciller y la ministra de la mujer, restándole con ello importancia al escenario y cita internacional.
Justicia y Transparencia cree tema ODEBRECHT debió ser objeto de discusión amplia en asamblea de la OEA.
Para la entidad cívica fue muy lamentable y poco auspicioso, el hecho de que no fuera objeto de un espacio especial de discusión, análisis y reflexión, el escándalo de corrupción trasnacional de la ODEBRECHT, el cual ha sacudido, perjudicado y minado la gobernabilidad democrática de la mayoría de los países de Latinoamérica.
Potentini reitero que el evento debió haber sido aprovechado por el organismo regional, para poner de relieve el lastre y secuela negativa de la corrupción y su indiscutible influencia en la violación a los derechos humanos; además de ser una seria amenaza para la gobernabilidad democrática y la paz pública.
En consecuencia a juicio de la entidad, es un imperativo la conjunción de esfuerzos conjuntos para combatir la corrupción, entendiendo que resultarían insuficientes, sino se cambian y reforman las instituciones encargadas de perseguir y castigar la corrupción, nos referimos a órganos de control interno y externos autónomos y un ministerio público y justicia verdaderamente independiente.
Finalmente, la justicia y transparencia pide una reflexión profunda sobre el caso ODEBRECHT, aprovechando la nefasta experiencia para plantearse correctivos al mediano y largo plazo, los cuales fortalezcan las contrataciones públicas, la supervisión y fiscalización de las obras en proceso de ejecución, la rendición de cuentas y los mecanismos de control del financiamiento ilegal de campañas, en fin con ello el destierro de la tradicional impunidad.
