Por Gustavo Dias

Desde 2019, con los gobiernos de Jair Bolsonaro y Donald Trump, existe un tema recurrente en los medios brasileños: la presencia de aviones fletados por el gobierno estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Confins trayendo brasileños deportados. Entre octubre de 2019 y julio de este año, alcanzamos la marca de 9.885 brasileños en más de 100 vuelos fletados. En este período de 4 años y 10 meses, el estado de Minas Gerais (MG) recibió un promedio mensual de 170 deportados.

Este tema ganó visibilidad durante los años de la pandemia y durante las últimas elecciones presidenciales en ambos países. Sin embargo, lo que vemos es una fuerte tendencia a reducir el debate sólo al número de deportados que llegan a Minas Gerais cada mes, y un intento de señalar si las deportaciones aumentarán o no en un futuro próximo.

La deportación por vía aérea a Minas Gerais es sólo uno de los tipos de deportaciones que sufren los emigrantes brasileños. A esto se añade el hecho de que es sólo una etapa de un largo proceso de violencia sufrido por muchos de estos compatriotas que buscan mejores condiciones de vida en EE. UU.

¿Por qué no denunciamos otras deportaciones en vigor?

El primer punto es que las cifras del aeropuerto de Confins no revelan el número total de brasileños deportados. Se trata sólo de los que fueron deportados en vuelos fletados de EE. UU a Minas Gerais. Hay al menos otros dos tipos de deportación que desconocemos numéricamente. La más antigua y continua es la de los brasileños que son deportados a través de asientos vacíos en vuelos comerciales y que no llegan necesariamente a Brasil a través de Minas Gerais.

La otra, la más crítica y muy poco conocida, es la deportación de brasileños a países distintos de Brasil. Establecida por el gobierno estadounidense en 2019, la política migratoria «Quédate en México», por ejemplo, ha sido responsable de detener o devolver a territorio mexicano a solicitantes de asilo brasileños. Además de violar el Estatuto del Refugiado de las Naciones Unidas al negar la protección a personas que huyen de la persecución y la tortura, esta política migratoria deja a estos solicitantes de asilo expuestos en México, sin acceso a ayuda humanitaria. En estos casos de deportados, no tenemos información sobre el número de brasileños ni qué tipo de violencia sufren cuando son detenidos o devueltos a México.

Sin embargo, los controles migratorios estadounidenses no parecen limitarse a suelo mexicano. Recientemente, han ampliado su presencia en Panamá. El gobierno de Biden estableció 6 millones de dólares en «ayuda» para que el gobierno panameño compre equipo, transporte y logística para deportar a los migrantes que no tienen motivos legales para permanecer en el país y que podrían dirigirse a los propios EE. UU. La idea parece ser cercar los dos extremos de Centroamérica.

También se sabe que se han producido decisiones arbitrarias contra brasileños en territorio estadounidense. Es el caso de 47 niños brasileños, hijos de haitianos, que fueron deportados sumariamente a Haití.

Minas Gerais y la respuesta del gobierno brasileño

El segundo punto que vale destacar es la elección por parte de EE. UU. del aeropuerto internacional de Confins como destino único y final de los vuelos fletados. El propio gobierno estadounidense argumenta que la gran mayoría de los brasileños deportados proceden de Minas Gerais, un estado históricamente conocido por sus redes migratorias establecidas. Sin embargo, informes periodísticos muestran que muchos de los brasileños que llegan a Confins proceden de otros estados brasileños.

El tercer punto es la decisión unilateral que está detrás de estas deportaciones. Desde 2006, durante el segundo mandato del actual presidente, Lula, Brasil había abolido esta práctica de deportación a través de vuelos fletados. En 2019, esta práctica se reactivó justo antes de la pandemia. En una decisión unilateral adoptada por la administración Trump, Bolsonaro la acató inmediatamente. Desde octubre de 2019 hasta el final de su gobierno, 7.639 brasileños fueron deportados en vuelos fletados desde EE. UU.

Después de estos turbulentos gobiernos de extrema derecha, tanto en Brasil como en EE. UU., los actuales gobiernos no han llegado a un acuerdo para poner fin a estas deportaciones. A pesar de que Biden había señalado el fin de las deportaciones aceleradas, el proceso continuó. Además, pese a que el gobierno de Lula había dado señales claras de que podría anular las medidas diplomáticas tomadas por la administración de Jair Bolsonaro, las deportaciones continuaron. El compromiso de ambas partes se ha enfriado. Desde el inicio del tercer mandato de Lula, poco más de 2.000 brasileños han aterrizado en Minas Gerais.

¿De qué compañías aéreas se trata?

El cuarto punto detrás de estas deportaciones tiene que ver con las denuncias de violencia causadas por las compañías aéreas. Informes elaborados por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington revelan que las operaciones aéreas del ICE desatienden una serie de actos violentos llevados a cabo por aerolíneas que ha contratado mediante contratos secretos. Entre ellas se encuentran iAero Airways, responsable de casi el 80% de los poco más de 100 vuelos a Brasil, y Omni Air International, responsable de 9 vuelos.

Los informes de los propios brasileños deportados muestran que hombres adultos fueron tratados como criminales en estos vuelos. Embarcaron en el mismo vuelo en espacios separados de sus familias, incluidos menores de edad, les encadenaron las piernas y las manos en EE. UU. y sólo los sacaron horas antes de que el avión aterrizara en Minas Gerais.

En otros términos, los deportados sobrevolaron el territorio brasileño siendo encadenados por las autoridades estadounidenses, en violación de la legislación brasileña.

La migración es un derecho humano

El último punto, no menos importante, es cómo tratamos a estos brasileños. Aunque hay evidencia de que había personas buscadas por la Policía Federal entre estos casi 10.000 deportados, no podemos generalizar. Es común encontrar en los artículos adjetivos como «ilegales», «clandestinos» o «alimañas» capaces de «infestar» o «empobrecer» a la autoproclamada «América». La emigración no es un delito, sino un derecho humano a unas mejores condiciones de vida.

En noviembre de este año habrá nuevas elecciones presidenciales en EE. UU. En un país que está perdiendo gradualmente su hegemonía económica y militar, que apoya desesperadamente a gobiernos abusivos y antidemocráticos en todo el mundo y que ve cómo su clase media se aleja cada vez más del «American Way of Life», la migración vuelve a convertirse en un tema de campaña. Kamala Harris y Donald Trump han prometido, cada uno a su manera, mantener una política ofensiva contra los migrantes.

Por otro lado, contrariamente a lo indicado por el gobierno brasileño, las medidas que van en contra de los ciudadanos brasileños y ponen en peligro su protección no han sido revocadas por el Estado a partir de 2022. Mientras tanto, la deportación de brasileños a través de vuelos chárter de EE. UU. a Minas Gerais, con todos sus abusos, continúa mensualmente. No sabemos nada de los devueltos a otros países.

Doctor en Sociología por la Universidad de Londres y profesor de la Universidad de Estadual de Montes Claros (Unimontes). Investiga sobre la migración internacional de brasileños y los regímenes fronterizos.