Se dice que los gobiernos dominicanos no han podido establecer una coherente y eficaz política migratoria frente a Haití. Los hechos confirman ese aserto y la reciente decisión de iniciar un proceso de deportaciones masivas de nacionales de ese país real o supuestamente indocumentados constituye un ejemplo. En una fatídica semana, marcada por escandalosas denuncias de corrupción que de alguna manera tocan organismos de seguridad nacional, del incremento de la campaña de odio y de amenazas a quienes se oponen a esa y otras expresiones del ultranacionalismo cerril que se expande en el país, el gobierno anuncia un incierto plan para efectuar 10000 deportaciones semanales, sin que se sepa porqué y de dónde se saca ese número.

Esa operación se anuncia y se inicia sin que haya evidencia de cambios relativos al debido proceso en la práctica de las redadas y transportación de reales y supuestos indocumentados, en las que las extorsiones para dejarlos libres, el robo de sus dineros y bienes y sin que sea manifiesta sanción alguna a los agentes que participan de esos operativos por los abusos y robos cometidos en esa casa del terror que es la cárcel ambulante denominada Camiona. Tampoco se conoce el desmantelamiento de la estructura delictiva que operaba en las actividades de despojo y de extorsión a los apresados; ni porqué se militariza la dirección de migración cuyas consecuencias podrían ser de acentuación del irrespeto a los derechos humanos.

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Y, quizás lo más importante, se recurre a esa medida sin haber avanzado prácticamente nada en el proceso de regularización iniciado con la Ley 169/14, promulgada para tratar de paliar los daños causado por la inconstitucional Sentencia 168/13. Se mantienen las trabas y maltratos contra los que buscan sus documentaciones en el plan de regularización. A 8 mil que se acogieron al plan se les otorgó residencia permanente y a los mayores de edad sus respectivas cédulas. Sin embargo, a pesar de decir “permanente”, esos documentos tenían fecha de vencimiento: el 2020 y las oficinas creadas para hacer efectiva la Ley se mantienen cerradas desde la pandemia, por lo cual a muchos se les vencieron esos documentos sin hasta ahora posibilidad de renovarlos.

Se estima en 200 mil los nacidos antes del 2010 que fueron desnacionalizados por la Sentencia 168/13, de carácter retroactivo, que por diversas razones no pudieron acogerse a la Ley 169/14 y por su condición de “indocumentados” no pueden inscribir sus hijos en los centros educativos y estarían entre las víctimas de las redadas. Son cuestiones para tomarse en cuenta antes de tomar la medida de las deportaciones masivas. A ese propósito, recordemos la experiencia del abrupto cierre de la frontera, el tiempo demostró que era insostenible por su impacto negativo sobre la economía local, regional y binacional. La fuerza de los hechos lo fue abriendo paulatinamente. La razón se impuso a la fuerza. En este caso, los costes económicos (ya a la vista), humanos y para la imagen/país serán mayores.

Fatigosamente, en la primera semana podría llegarse a los 10 mil deportados, pero a qué precio en términos de injusticias, errores, de personas apresadas y expulsadas en proceso de regularización, generalmente nacidos y criados en el país antes del 2010, de madres, padres o tutores que son obligados a abandonar bienes e hijos por culpa de las trabas burocráticas, injusticias e ilegalidad del sistema para regular su estatus. Se creará un clima de terror en una comunidad, cercenando sus derechos a la libre circulación para ir a sus trabajos, llevar sus hijos a los centros educativos y obligados a vivir recluidos. Constituye una tragedia enviar una o grupo de personas a un sitio totalmente desconocido cuyas condiciones de vida además de deplorables son en extremo peligrosas, algo contrario a principios universales de las deportaciones.

Todo estado es soberano en su política migratoria, no se discute. Pero, en este caso, resulta inconducente ejecutarla en un contexto de exacerbación del antihaitianismo en los medios de comunicación que refuerza el racismo en la sociedad dominicana, de acoso a directores y comunicadores de medios y de fabulación sobre la cantidad y consecuencias de la inmigración haitiana. Las persecuciones indiscriminadas provocan estrés a la sociedad, son inhumanas y económicamente insostenible, y provoca diversas formas de violación de derechos. El contexto internacional es de exacerbación del ultranacionalismo, mediante el cual se construye una identidad basada en el odio, en el odio como pasión colectiva contra el no idéntico, parafraseando a U. Eco

Cualquier identidad nacional construida sobre esa base indefectiblemente descansará en pilares corroídos. Finalmente, necesitamos buenas relaciones con Haití porque constituye una imprescindible fuente de mano de obra, ¿Qué debe ser controlada? Sin dudas, pero la lógica de nuestra economía y de la economía mundial determina su carácter imprescindible. Para bien de esas relaciones, el Estado dominicano debe renfocar el tema migratorio y de las deportaciones, retomar el plan de regularización iniciado con la Ley 169/14, reabrir las oficinas del Ministerio de Interior y Policía creadas para tal fin y entender que la inexistencia de infraestructuras, recursos humanos, protocolos, con una frontera porosa, insegura y antro de corrupción, las deportaciones masivas son inviables.