La discusión sobre las políticas de deportación no puede abordarse únicamente desde la óptica legal. De hecho, es irrebatible que todo Estado posee la facultad de determinar las condiciones de ingreso, permanencia y deportación dentro de su territorio. Sin embargo, el fenómeno migratorio trasciende el ámbito jurídico y responde a dinámicas económicas y sociales más complejas. La receptividad migratoria, por ejemplo, suele estar condicionada por la necesidad de mano de obra barata en determinados períodos históricos.

Por ahora, dejemos de lado los factores políticos, que suelen operar bajo una lógica de corto plazo. No obstante, cuando los migrantes logran establecerse y adaptarse a la sociedad receptora, su arraigo dificulta un eventual retorno, incluso cuando las condiciones políticas en su país de origen se estabilizan.

Es innegable que los flujos migratorios responden, en gran medida, a la dinámica del progreso económico. De hecho, cuando una nación se desarrolla en parte gracias a la fuerza laboral extranjera, se generan contradicciones: por un lado, se necesitan trabajadores migrantes; por otro, los nacionales tienden a rechazar ciertos oficios, considerándolos exclusivos para «otros». En el caso específico de República Dominicana, muchos dominicanos se resisten a desempeñar en su país trabajos que asumen sin inconvenientes en playas extranjeras.

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En la coyuntura actual, resulta urgente establecer un marco de legalidad responsable que regule la presencia de extranjeros en el país. Ya contamos con un marco legal, y en eso no hay debate. No obstante, es fundamental garantizar el respeto a los protocolos de deportación y el estricto cumplimiento de los derechos humanos.

Si bien las políticas migratorias y el cumplimiento de la legalidad tienen un carácter general, en República Dominicana la proximidad geográfica ha llevado a que la aplicación de estas normativas se enfoque especialmente en nuestros vecinos. Lamentablemente, la comunidad internacional, con parámetros distintos y un conocimiento limitado de la historia compartida entre ambas naciones, ha construido una imagen desfavorable del país. En este contexto, es imprescindible formular acciones coherentes y responsables en materia de deportación, evitando reforzar prejuicios y distorsiones sobre el accionar de las autoridades migratorias.

La reputación de República Dominicana como un país democrático y respetuoso del ordenamiento jurídico debe consolidarse con procedimientos transparentes y libres de impugnaciones por parte de la comunidad internacional, sin renunciar, en ningún caso, a los principios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.