Desconocer la autoridad del órgano responsable de organizar los procesos electorales de febrero y mayo del próximo año es una estrategia peligrosa que los partidos de oposición y sus dirigentes deben sopesar muy bien, pues por estar jugando a la politiquería podrían estar creando las condiciones para una crisis político-electoral que la democracia dominicana ni necesita ni desea, aunque algunos líderes políticos, en su afán desesperado por regresar al poder, apuesten de manera irresponsable a esa posibilidad.

Vencido el pasado viernes el plazo que otorgó la JCE a los partidos para que cesen sus actividades proselitistas y procedan a desmontar las vallas y afiches con los que han inundado los espacios públicos, la Fuerza del Pueblo y el PLD decidieron hacer caso omiso al emplazamiento y continuaron con sus actividades durante el pasado fin de semana. Y no pasó absolutamente nada, a pesar de que el presidente de la JCE, como se han ocupado de recordarle en estos días varios medios de comunicación, respondió al abierto desafío de los partidos con un escueto “hablamos el 25 de agosto” que ya pasó hace rato.

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Pero a estas alturas de lo único que puede hablar Ramón Jáquez Liranzo, desafiada su autoridad y su investitura, es de las penalidades y medidas cautelares previstas en la ley 33-18 de Partidos y Agrupaciones y Movimientos Políticos que se impondrán a las organizaciones que desacataron su resolución, como advirtió en el comunicado de admonición con el que les otorgó un plazo de quince días para que cesen sus actividades proselitistas.

La JCE no puede permitirse el lujo de pasar por alto ese desafío a su autoridad sin dar señales firmes y contundentes de que está dispuesta a cumplir con su responsabilidad de organizar unas elecciones libres y tranparentes, pero sobre todo confiables y creíbles, para lo cual debe hacer respetar las leyes electorales y cumplir, sin miedos ni vacilaciones, el mandato que le otorga la Constitución de la República.