La democracia sigue pareciendo, aquí y en otras partes, vulnerable a las arremetidas de crisis económicas que llegan hasta la base social

Situada en el balance favorable de comportamientos en su economía en 2022, República Dominicana tendría motivos para confiar en la continuación del crecimiento con estabilidad fiscal y financiera que reflejan el Producto Bruto Interno y otros índices de cara a un 2023 que, de todos modos, llega con un pronóstico de desaceleración mundial que el Fondo Monetario Internacional describe como de «base amplia» con reducción en un 50% de la expansión anterior. Estarían en desafío la marcha del aparato productivo, las metas de bienestar social y el clima político en el que arrecian las descalificaciones preelectorales de la oposición.

Turísticamente pujante, y causando admiración en organismos multilaterales que monitorizan la región en la que este país supera a los demás en resiliencia, a mediano plazo habría que escapar, en prueba difícil, a las secuelas persistentes de la crisis de la covid-19. Los expertos vaticinan que tardarían años en desaparecer con el agregado de una guerra de final impredecible que podría renovar su intensidad destructora sobre la logística de abastecimientos mundiales.

Analistas internacionales colocan al país en el contexto de la zona hemisférica con mayor déficit de desarrollo, con graves problemas habitacionales, muy palpables localmente, y con una elevada proporción del segmento poblacional juvenil dominicano que «no trabaja ni estudia» sin que funcionara para resolver su marginación un sistema educativo estatal que naufragó bajo las inclemencias de la pandemia y los fracasos de los planes oficiales para atenuarlas. La valoración del ministro educativo que entró en funciones tras lo peor, no deja dudas: Fondos del 4% idos al zafacón con culpas compartidas.

Las conclusiones a que llegaron organismos internacionales sobre la región del Caribe es que la debacle traída por la propagación del virus SARS-CoV-19 y sus variantes eran demasiado adversidad para una zona del mundo que al llegar las infecciones experimentaba una pobreza de décadas, retada desde hacía tiempo por deficiencias estructurales, educativas y de empleo de recursos fiscales. Para todo eso, a su decir, las soluciones habrían de requerir reformas políticas, algo que chocaría frontalmente con otros vientos huracanados: los de la reelección.

Descenso político

La pérdida de confianza en los partidos y en la democracia se reflejó en estudios de opinión en el país tras la dramática cancelación de las elecciones municipales del 2020 por fallas que las hacían vulnerables a maniobras fraudulentas, y por el surgimiento de expedientes que atribuían escandalosa corrupción a altas esferas del Gobierno anterior. Cuando todavía faltaba conocerse el destape de los horrores administrativos que en diez años de hegemonías partidarias diferenciadas dilapidaron una elevada proporción del 4% para la educación, un derrumbe administrativo atribuible a la forma de actuar de los políticos en sentido general.

En proporciones que tienden a permanecer, una encuesta posterior a lo acaecido antes, patrocinada por el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo halló que el 73% de los ciudadanos consultados mostró grados de insatisfacción con los políticos tachados como «malos o muy malos», unas calificaciones adversas que conectaban también con el resultado de políticas económicas que aun siendo macroeconómicamente exitosas no eran de efecto ciudadano favorable y generalizado.

En su descripción de la realidad social del país de hace menos de un año el Banco Mundial ponía énfasis en el «sólido desempeño de la economía» que a su juicio continuaba en el 2022 pero «diluida» por alzas de precios con una inflación de 9,4 por ciento hace apenas seis meses ya con la guerra de Ucrania en pie.
Comentó que «Esto ha causado una expansión del déficit fiscal debido a los subsidios inesperados que han sido necesarios para contrarrestar el aumento de los precios».

Un gasto social que desequilibraba las finanzas públicas aunque para ese momento no evitó que la pobreza aumentara en 2,4 puntos y que al aparente final de la pandemia se registrara una tasa de empleo de 59,9%, un 1,1% por debajo de los niveles prepandémicos y una tasa de informalidad crecida en cuatro puntos con todo lo que eso significa para la masa laboral marginada de la protección que brindan las regulaciones institucionales de salarios y de afiliación obligatoria a la Seguridad Social con asistencias a la salud y acumulación individual de ahorros para el retiro.

Críticos a la carga

A siete meses del tercer aniversario de la actual gestión de Gobierno se recuerdan los resultados a nivel de opinión pública de su segundo año completo que pusieron a la politóloga Rosario Espinal a recordar al mediático jefe de Estado que: «la gente espera resultados más que anuncios» a propósito de que para ese momento el poder adquisitivo comenzaba a ser mermado por la inflación y las «medidas monetarias para enfrentarla frenan el crecimiento económico», añadió.

La analista sostenía también que las finanzas públicas resultaban precarias para cubrir subsidios y programas de desarrollo (generalmente sustentados por un tenaz endeudamiento público) mientras, a su entender los temas dominantes en el país eran la inflación y la delincuencia.

Al colocar hoy la atención hacia todos lados, se confirma que estos males persisten con un supremo mando gubernamental que en su desesperación por reducir la inseguridad ciudadana se hace el desentendido mientras aumentan las ejecuciones extrajudiciales que el exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito calificó recientemente de «crímenes de Estado», uno de los métodos favoritos del generalísimo de la barbarie Rafael Trujillo.

En la «auditoría» que para entonces aplicó el partido Alianza País a la primera mitad del período en curso, aparecieron unos puntos negativos similares a los que hoy muchos endilgan: «inseguridad ciudadana, elevado costo de los alimentos, alza en la factura de la electricidad y crisis en los servicios hospitalarios y del sistema educativo».

La organización liderada por Guillermo Moreno consideraba que en ese momento de su desempeño el Gobierno desperdiciaba la oportunidad de implementar un modelo económico que garantizara una justa distribución de la riqueza social.

Para el también dirigente opositor (PLD) Juan Ariel Jiménez, lo que entonces ocurría era que el presidente Luis Abinader mostraba «obsesión» con la administración anterior, atribuyéndole errores en vez de «dar a entender que busca soluciones a los problemas nacionales».

Versión oficial

Es probable que desde la cúspide del poder el panorama parezca indicar que en realidad se han estado buscando soluciones a la luz de la reciente aseveración del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Pavel Isa Contreras, en el sentido de que en este 2023 la inversión pública gira hacia la vivienda, agua potable, saneamiento y salud y que se articulan sinergias entre las diferentes instituciones para lograr resultados en áreas prioritarias.

Para este tecnócrata clave del Estado, el principal reto del país es mantener el crecimiento con estabilidad y sostuvo que se trabaja para lograrlo con el propósito de conseguir mayor bienestar social. «El objetivo fundamental es traducir estabilidad y crecimiento con bienestar para la gente en un contexto donde hay muy pocos recursos». En declaraciones a través de la emisora Top Latina, el alto cargo describió como una de las prioridades del Estado a la zona fronteriza para reducir brechas y lograr cohesión social y territorial.
Desde un escenario más amplio el Gobierno se defendió de las críticas de tribunas opositoras señalando que la economía creció un 5% en el año recién concluido, lapso en el que la inversión pública rondó los 158 mil millones de pesos equivalentes al 2.5% del PBI con los que se desarrollaron 450 proyectos de obras públicas, 79 más que en el 2021.

Pavel Isa considera que la marcha favorable de la economía se debe en parte al optimismo y la participación de pequeños y grandes negocios nacionales. En la misma dirección de dar relieve a las ejecutorias oficiales, el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, sostuvo que el Gobierno ha accionado con un manejo prudente del gasto dando una rápida respuesta a daños dejados por fenómenos naturales sobre el país y que en el 2022 pudo hacer crecer en un 1.4% del PBI los subsidios para enfrentar la inflación causada por la guerra Rusia-Ucrania.

A pesar de la visión positiva en niveles oficiales altos, República Dominicana vive en un tiempo precedido por resultados deplorables de estudios sociológicos entre los que se destacó el suscrito por la investigadora social Ramonina Brea advirtiendo sobre el fenómeno latinoamericano del «descreimiento en los partidos políticos y la decadencia de organizaciones tradicionales de la vida pública tales como los sindicatos y las asociaciones profesionales».