El miércoles 11 de noviembre de 1970 la prensa dominicana dio la alarma sobre el secuestro del técnico de aviación José Leonel Lagrange Lebrón y la dama boricua Anarda Rosa Casanova Otero, quienes se habían accidentado cerca del mediodía en un área de pendientes y curvas próximo al hospital Darío Contreras, en la autopista de Las Américas y junto a su acompañante Félix Garay, fueron montados en un carro marca Volkswagen, color blanco, cuyo conductor debía llevarlos a curar a ese centro de salud especializado en ortopedia y traumatología; pero sorpresivamente tomó un camino diferente, al dirigirse hacia la carretera que cruza por la base aérea de San Isidro, proyectando la creencia de que se dirigía rumbo al hospital militar Ramón de Lara.

Los tres arribaron al país a las 11:30 de la mañana de ese día procedentes de Puerto Rico, en el vuelo 602 de Dominicana de Aviación, y estando en el aeropuerto internacional de Punta Caucedo abordaron la camioneta Morris, color azul, placa 88673, manejada por Lagrange Lebrón, que en las inmediaciones del puente seco de la referida autopista se estrelló violentamente contra un carro Fíat, modelo 1500, color vino, placa oficial No. 1040, conducido por el cabo Eduviges Sánchez López, al servicio de la familia de un alto oficial de la Fuerza Aérea Dominicana.

Dicho secuestro ocurrió luego de la entrada en acción en el área del choque de dos individuos con apariencia de militares que llegaron en otro carro Volkswagen tipo cepillo y participaron en la acción de rescate de los accidentados emprendida por los vecinos; identificando entre estos a Lagrange Lebrón y a un señor que iba en la parte trasera del carro Fíat, en compañía de dos de sus nietas y recibió contusiones en varias partes de su cuerpo. Se trataba del padre del teniente coronel Daniel Rosario González.

También estaba severamente magullado el cabo Sánchez López, aunque pudo ser socorrido por un capitán de la Fuerza Aérea de nombre desconocido que en el Volkswagen lo trasladó de urgencia al hospital militar Enrique Lithgow Ceara, donde se mantuvo interno durante un par de días.

Esa buena suerte le faltaría a Lagrange Lebrón, a Félix Garay y a la señora Casanova, no obstante ser una joven puertorriqueña de 34 años, casada con el coronel Enrique Ballester, un médico de origen colombiano que pertenecía al ejército de los Estados Unidos y había ganado notoriedad por su participación en la guerra de Vietnam y por ser parte del cuerpo médico norteamericano estacionado en Tailandia.

Su secuestro -y posterior desaparición- fue inmediatamente recreado con las declaraciones primarias emitidas por Mary Patín Botello, dueña de la camioneta conducida por Lagrange para trasladarse desde el aeropuerto a la capital, y Ana Olivero, su esposa, quien se desplazó hasta el barrio María Auxiliadora, donde operaba el destacamento No. 2 de la Policía Nacional, a identificar dentro de la cabina de ese vehículo, las pertenencias de su marido, su cédula de identidad y su pasaporte, así como la maleta de la señora Casanova.

La primera luz sobre lo sucedido, la ofreció un mecánico llamado Luis Féliz Gómez, empleado de la estación de gasolina Shell cercana al lugar, quien refirió que Lagrange estaba casi inconsciente y sin zapatos puestos cuando lo subieron al vehículo. Sus calzados color champaña quedaron tirados en la autopista después del accidente.

Afirmó que también se acercó a la señora Casanova, que vestía pantalones y había salido ilesa, pero lucía insegura, ya que estaba muy nerviosa por haber perdido sus espejuelos y confrontar dificultades visuales. Por esa razón, le recomendó que volviera a la camioneta y no se apartara de ella, hasta que pudiera calmarse y recuperar el aplomo requerido para cuidar su equipaje, sus paquetes y otras pertenencias que se alcanzaban a ver debajo de los asientos.

La señora Casanova rehusó aceptar la recomendación y -en cambio- le pidió de favor que se encargara de proteger el vehículo, haciéndole entrega de la llave. Enseguida se montó en el Volkswagen donde sería raptada. Esta historia fue corroborada por Pedro Pablo Morel, el sereno que cuidaba una empresa llamada “Industrias Ja-Ja”, quien fue también testigo de la ruta que tomó el carro cepillo hacia la carretera de San Isidro.

Perfil de Lagrange

José Leonel Lagrange Lebrón, de 32 años de edad y nativo de Las Matas de Farfán, estaba casado con Ana Olivero, con quien procreó sus dos hijos, Robert Leonel y Martha, de ocho y tres años, respectivamente. Se le conocía por su labor durante cinco años como oficial de la Fuerza Aérea y su sobresaliente participación en la guerra de abril de 1965 en el bando del gobierno en armas presidido por el coronel Francisco Alberto Caamaño.

El periodista Raúl Pérez Peña, mediante un artículo publicado el 21 de noviembre de 1970 en el diario El Nacional, titulado “Leonel Lagrange: De perseguido a víctima”, resaltó que éste “jugó un importantísimo papel como técnico en el frente de las comunicaciones” durante el conflicto bélico y que cuando éste concluyó, “se mantuvo siempre firme al lado de sus compañeros de armas, teniendo participación en la histórica batalla del hotel Matum cuando se perpetró una feroz agresión contra las tropas del coronel Caamaño”. Agregando que allí su automóvil fue “blanco de incontables balas”.

Lagrange se desempeñó más tarde como técnico de la empresa de telecomunicaciones Codetel y de la Compañía Dominicana de Aviación, colocándose en primera fila en la lucha de los empleados y trabajadores de esta última empresa contra las maniobras que se hacían desde el sector oficial para venderla o fusionarla con otra corporación extranjera. También encabezó los reclamos reivindicativos de sus compañeros de labores por el pago de salarios atrasados.

Su firme oposición a la venta de la CDA demostraba un liderazgo fuerte y coherente que debe ser ponderado a la hora de reflexionar sobre la posible causa de su secuestro; descartando de paso el rumor que le atribuía presunta responsabilidad en la voladura de un avión de esa aerolínea aérea que se precipitó hacia el Mar Caribe el 15 de febrero de 1970. Esa aeronave llevaba a bordo 102 pasajeros; entre ellos, el boxeador dominicano Carlos Teófilo Cruz, excampeón mundial de peso ligero; la señora Guarina Tessón Hurtado, esposa del general Antonio Imbert Barreras, y su hija Leslie Imbert.

No hay duda que sólo una persona de naturaleza humana defectuosa concebiría un acto criminal tan horrendo, y con ese trastorno de personalidad es imposible forjar un liderazgo confiable.

Relación entre Lagrange y la señora Casanova Lagrange era un técnico bien preparado que trabajó en la CDA y por la utilidad de su oficio, podía desplazarse con frecuencia al extranjero, como lo hizo el 10 de diciembre -un día antes de su desaparición- cuando conoció a la señora Casanova en Santurce, Puerto Rico, a través de su amiga Mary Patín Botello, una dominicana que estaba relacionada con la familia de ésta, en el municipio de Hatillo, Puerto Rico y que volaba constantemente hacia la vecina isla y Nueva York.

A Mary Patín Botello se le mencionaba en los medios de comunicación por haber sido jefa de personal del Ayuntamiento del Distrito Nacional durante la gestión del alcalde Guarionex Lluberes Montás, cargo al que renunció para convertirse en representante de una firma boricua que comercializaba productos de belleza y perfumería, tras realizar numerosos cursillos mercadológicos.

Posiblemente ese tema fuera la razón del viaje a Santo Domingo de la señora Casanova, quien ejercía la función de telefonista de una empresa situada en el municipio de San Juan Bautista de Puerto Rico, pero no tenía intereses en nuestro país. La visitante aparentaba sentirse a gusto en su hogar y en su trabajo, aunque fuera tedioso el recorrido diario de los cinco kilómetros que separan a esa ciudad del barrio de Santurce, donde residía prácticamente sola, en la calle Barcelona 125, apartamento 3-B, ya que su pequeño hijo de cuatro años, estaba viviendo junto a su hermana Lily y su familia, en la comunidad de Hatillo, mientras que su esposo, el coronel Ballester, tenía más de dos años de puesto en Tailandia.

Investigación del FBI, la Embajada y la Policía

Inmediatamente se enteró de la desaparición de la señora Casanova, el gobernador de Puerto Rico, Luis Ferré, le hizo una llamada telefónica al jefe de la Policía, general del Ejército Elio Osiris Perdomo Rosario, para demandar que indagara y esclareciera lo sucedido. Esa solicitud fue calificada por algunos articulistas y comentaristas de la prensa nacional como “atentatoria a toda formalidad diplomática”, que consideraban que “ninguna autoridad extranjera puede realizar en este país investigaciones por su propia cuenta”.

A esa intervención de Ferré se le sumó la embajada de los Estados Unidos, representada por Francis Edward Meloy Junior, que emitió un comunicado diciendo que debido a que la señora Casanova era puertorriqueña y estaba casada con un ciudadano estadounidense, era su responsabilidad colaborar con las autoridades dominicanas en las investigaciones que se hicieren en su búsqueda.

La misión diplomática indicó que su labor se haría “a nivel consular” y no por medio del FBI, que se aprestaba a enviar al país a cuatro detectives para que realizaran una investigación paralela por su cuenta. Estos llegarían casi de inmediato junto a Luis Rafael Casanova Otero, hermano de la dama desaparecida.
De su lado, el 16 de noviembre de 1970, el procurador general de la República, doctor Marino Ariza Hernández, prometió “iniciar activamente las investigaciones” para dar con el paradero de los desparecidos, que según la indagación hecha por los militares, no se encontraban en la base aérea de San Isidro; por lo cual era un reto del ministerio público y el escuadrón contra homicidios de la Policía, dirigido por el coronel Leónidas Herasme Díaz, tratar de localizarlos en hospitales, clínicas y otros lugares.
Al día siguiente, la Policía interrogó al cabo Eduviges Sánchez López que condujo uno de los vehículos envueltos en el referido choque en la autopista de Las Américas, pero éste no era la persona indicada para ofrecer una pista segura que condujera a la localización de los desaparecidos, ya que en el momento del accidente quedó casi inconsciente. Sin duda, sólo su superior, el teniente coronel Rosario González podía aportar información precisa sobre el destino de la señora Casanova y Lagrange, ya que este alto oficial le aseguró a su esposa Ana Olivero, que la pareja buscada había emprendido la fuga, presuntamente endrogados y armados.

Incluso, agregó, que los investigadores habían encontrado un frasco con substancias en la camioneta chocada, que estaba analizando en un laboratorio para determinar si eran estupefacientes; revelando con ello que era juez y parte en las pesquisa que se llevaba a cabo, pues lo que dijo, falso o verdadero, sólo podía confirmarlo la comisión especial nombrada por el presidente Balaguer para este caso, presidida por el coronel Julio Antonio Soto Echavarría, quien ya había manifestado que las autoridades tenían sospechas de que Lagrange anduviera en “pasos raros”.

Pistas falsas

La primera pista falsa sobre el paradero de Lagrange y la señora Casanova, la ofreció el 25 de noviembre un campesino que viajó a la capital desde un campo del municipio de Jánico conocido como el Pinalito, y logró ser entrevistado por el periodista Luis Eduardo Lora, del diario vespertino El Nacional, a quien le manifestó que tenía serias sospechas de que los desaparecidos estaban en esa jurisdicción de la provincia de Santiago, ya que la noche del 11 de noviembre, fecha del secuestro, llegaron al Pinalito un hombre y una mujer con las características de la pareja secuestrada.

Luego de esa declaración, ofrecida por ese campesino que dijo llamarse Juan Castillo Ubiera, la Policía envió a Jánico una patrulla motorizada encabezada por el jefe de su servicio secreto, coronel Luis Arzeno Regalado, que hizo un esfuerzo infructuoso en busca de los desaparecidos.

La segunda pista falta fue ofrecida el 20 de noviembre por la unidad móvil del noticiario de Radio Cristal, propiedad del empresario José A. Brea Peña, que aseguró tener datos confiables de la aparición de los cadáveres de los secuestrados en la laguna “Los Cimarrones”, situada a dos kilómetros del distrito municipal de Guerra.

Esta información movilizó hacia Guerra a las brigadas de la Defensa Civil y los bomberos de Santo Domingo, que realizaron un operativo en la laguna “Los Cimarrones”, para determinar si era cierto que allí se encontraban los cadáveres de los desaparecidos. Y también a los diarios nacionales que hicieron reportajes sensacionales sobre ese operativo, presentando en sus páginas varias piezas de ropas de mujer recogidas en el lugar; entre ellas, un pantalón azul de mujer, un zapato de charol del pie derecho, color blanco y negro; una faja pantie color mamey, un pantie negro y parte de un brasiere que se creía pertenecían a la señora Casanova. En esa recolección no fue identificada ninguna ropa de hombre.
El señor Luis Rafael Casanova Otero, hermano de la desaparecida, hizo numerosas llamadas telefónicas a sus familiares en Puerto Rico para indagar sobre el tipo de ropas que esta usaba, porque las personas que la vieron llegar al país aseguraron que lucía un vestido claro, lo que creaba dudas de que los objetos localizados fueran realmente de su pertenencia.

Estas indagaciones se trasladaron a la ciudad Santurce, Puerto Rico, donde el dueño del colmado Barcelona, que la señora Casanova visitaba diariamente como cliente, informó que ella acostumbraba comprar golosinas para llevarle a su hijo y siempre vestía ropa deportiva, generalmente de color blanco, por lo cual dudaba que fueran suyas las ropas halladas en la laguna de Guerra.

Hay que decir que esa errónea información produjo un verdadero escándalo en el país y forzó al director general de Telecomunicaciones, comodoro Julio Alberto Rib Santamaría, a convocar una reunión con los directores de los noticiaros radiales para discutir los alcances de la ley de expresión y difusión del pensamiento que prohibía la transmisión de noticias de esa naturaleza. El subdirector general de Radio Cristal, señor José A. Peláez, se comprometió en lo sucesivo a estar vigilante y ser cuidadoso para que no se repitiera la difusión de sucesos ficticios con repercusiones impredecibles.

Punto final

Se debe apuntar que doce días después del secuestro de Lagrange y la señora Casanova, específicamente el 23 de noviembre de 1970 el presidente Joaquín Balaguer viajó a Puerto Rico donde informó que “se han movilizado todos los servicios de seguridad y que espera que se aclare la desaparición”, aun cuando calificó de “deficientes” a los servicios técnicos de seguridad de su gobierno porque en los últimos meses se habían producido hechos similares que todavía no habían sido aclarados.

Aunque no mencionó ninguno en particular, esta declaración imponía en los lectores y oyentes recordar los crímenes y desapariciones de Guido Gil Díaz, Henry Segarra Santos, Juan Zorrilla y los hermanos Jesús y Amado Santana Vilorio, de Hato Mayor; Tulio Rafael Rivas, de San Juan de la Maguana; Santiago Carrasco, Aníbal Rossi y otros.

Durante su breve estadía en Puerto Rico, Balaguer tuvo una buena acogida por parte del Gobernador Ferré, pero no así en las calles donde hubo muchas manifestaciones de protestas contra las desapariciones de personas en República Dominicana, desarrolladas en la cercanía del hotel donde se celebró una reunión dominico-puertorriqueña. Tanto así que cuando el primer mandatario dominicano se dirigía con su comitiva hacia la casa de Gobierno de Puerto Rico, donde ofreció una conferencia de prensa, dos jóvenes portaron un cartelón en medio del camino, que no tenía siglas ni nombre de organizaciones políticas o sociales dominicanas y que decía: “Crimen, explotación y terror impera en República Dominicana”.

Entre las protestas registradas por la prensa puertorriqueña sobresalió aquella que aglomeró a cerca de 450 dominicanos que montaron guardias en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, para rechazar por las violaciones a los derechos humanos en la República Dominicana. También, otra realizada por las mismas razones en la plaza Colón, en las inmediaciones de la Fortaleza donde se hospedó Balaguer.
En el país se registraron diversas actividades de organizaciones profesionales y gremiales, solicitando al gobierno el esclarecimiento de las desapariciones y advirtiendo que era notorio el poco interés que mostraban las autoridades en ese sentido. A la cabeza de este reclamo estuvo la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), liderada por Manuel Ramón Morel Cerda, Bienvenido Mejía y Mejía y José Joaquín Bidó Medina. Esta entidad se pronunció a favor de que se investigara al coronel Rosario González por sus declaraciones sobre Lagrange; mientras que el Colegio Dominicano de Economistas (CODECO) solicitó que se hiciera cumplir la Constitución y las leyes para buscarle una solución urgente a este caso.
El mandatario se manejó con mucha reserva en este caso que involucraba a militares, pues hacía sólo tres meses que se había producido su primera reelección presidencial con el apoyo determinante de la jerarquía militar y era innegable que este secuestro, aunque no tuviera implicaciones políticas, era un tema bastante espinoso, aun soslayando el rumor que pretendió afectar la rectitud profesional de Lagrange y su papel como oficial constitucionalista durante la guerra de abril.

Tan enfática fue la cautela del mandatario en este caso, que unos meses más tarde los organismos de investigación del Estado detuvieron las investigaciones, sin que se diera a conocer ningún resultado; además de que poco a poco el interés público por este suceso se fue diluyendo; pues nadie, absolutamente nadie, volvió a interesarse hasta el día de hoy por el paradero de la señora Casanova y el técnico Lagrange.