En el vasto terreno de las contrataciones públicas en la República Dominicana, dos conceptos fundamentales se entrelazan, determinando la eficacia y transparencia de los procesos: la descentralización y la desconcentración administrativa. Estas dos formas de distribución de competencias y responsabilidades marcan el camino hacia una gestión más eficiente y cercana a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, es crucial entender sus diferencias y cómo se aplican en el contexto específico de las contrataciones públicas.

La Ley Orgánica de la Administración Pública, 247-12, en sus artículos 39 y 70, nos proporciona una base sólida para comprender estas dos modalidades. En el artículo 39, se define la descentralización administrativa como la transferencia de competencias o funciones administrativas públicas a entidades jurídicas diferentes del Estado, otorgándoles la capacidad de ejercerlas bajo su propia responsabilidad. Esta descentralización puede manifestarse en dos formas: territorial o funcional. Por otro lado, el artículo 70 establece el concepto de desconcentración como una técnica de distribución de competencias dentro de una misma entidad jurídica, con el propósito de especializar el ejercicio de las competencias o servicios públicos, acercando la administración a los usuarios.

Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias clave entre estos dos enfoques en el ámbito de las contrataciones públicas? La descentralización, al transferir tanto la autoridad como la responsabilidad de la toma de decisiones desde una autoridad central, otorga un grado de autonomía significativo a las entidades descentralizadas. Esto puede traducirse en una mayor agilidad en la toma de decisiones, adaptándose mejor a las particularidades regionales o sectoriales. Además, la descentralización puede abarcar aspectos políticos, administrativos o fiscales, lo que permite una gestión más holística y adaptada a las necesidades locales.

Por otro lado, la desconcentración implica una delegación de autoridad y responsabilidad dentro de una misma entidad jurídica, sin transferir la titularidad de la autoridad. En el contexto de las contrataciones públicas, esto significa que las decisiones pueden ser tomadas por unidades subordinadas dentro de la misma institución, actuando en nombre de la autoridad central y estando sujetas a su dirección y control. Si bien este enfoque puede garantizar una mayor coherencia y centralización en la gestión, también puede limitar la capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada sector o región.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción para el sistema de contrataciones públicas de la República Dominicana? La respuesta no es simple y debe basarse en un análisis detallado de las circunstancias particulares del país. Si bien la descentralización puede promover una mayor eficiencia y adaptabilidad a nivel local, también plantea desafíos en términos de coordinación y coherencia a nivel nacional. Por otro lado, la desconcentración puede garantizar una gestión más uniforme y centralizada, pero corre el riesgo de alejarse de las realidades locales y sectoriales.

En última instancia, la clave radica en encontrar un equilibrio adecuado entre descentralización y desconcentración, aprovechando lo mejor de ambos enfoques. Esto podría implicar, por ejemplo, una descentralización selectiva en áreas donde se requiere una mayor adaptabilidad y una desconcentración cuidadosamente gestionada en aspectos que demandan una coordinación más estrecha a nivel nacional. Además, es fundamental contar con mecanismos efectivos de supervisión y control para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública.

Tanto la descentralización como la desconcentración administrativa ofrecen ventajas y desafíos únicos en el contexto de las contrataciones públicas. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado que permita maximizar la eficiencia, la transparencia y la capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad dominicana. En este sentido, es fundamental una reflexión profunda y un análisis riguroso de las circunstancias específicas del país, con el objetivo de diseñar un sistema de contrataciones públicas que promueva el bienestar y el desarrollo sostenible para todos los ciudadanos.