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Con la aprobación de la ley 01-24, cuestionada por entenderse que lesionaría la libertad de prensa e irrespetaría derechos violando mandatos constitucionales, quedan también objetados con severidad por sus votos favorables los legisladores de los partidos de oposición que con mayor vigor y velocidad pasaron a rechazar la normativa como si nada tuvieran que ver con su génesis. Si se les escuchara excusarse admitiendo que emitieron sus anuencias con las manos en alto sin leer el texto, su concurso a la legislación que ha revoloteado al país es indignante: gente que juró cumplimiento de obligaciones con la República, y muy bien pagada por cierto, quedan en falta ante la sociedad con sus altas dirigencias incurriendo además en un hiriente desdoblamiento.
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La actitud reprobatoria y absoluta al documento asumida por esos liderazgos de combativo proselitismo contrasta con la coherencia y responsabilidad del oficialismo que sin renunciar al contenido original ahora auspicia su revisión orientándose a la franqueza del diálogo con amplitud de representaciones nacionales. Una auténtica oportunidad para extirpar de la ley 01-24 todo lo que de ella (que no es mucho aunque bien argumentado) contradiga a la Constitución. Pieza que preocupa por imprecisiones y omisiones que llevan a suponer que se prestaría para ser herramienta de agresiones a derechos fundamentales si así lo decidieran aquellos que en los futuros del poder pretendieran retrotraer el país a los yugos.
