En la República Dominicana, la selección de peritos evaluadores en el ámbito de compras y contrataciones públicas es un aspecto crucial para garantizar la transparencia y la idoneidad en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha generado una preocupación creciente sobre si estas designaciones se realizan conforme a criterios éticos o si están plagadas de favoritismos y nepotismo.

La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, como organismo rector en esta materia, emitió un instructivo en septiembre de 2020 que establece claramente el perfil mínimo requerido para fungir como perito evaluador. Entre estos requisitos se incluyen la titulación de educación superior o técnico, experiencia comprobada en la materia objeto de la contratación, capacitación sobre el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) y experiencia en la elaboración de informes.

Sin embargo, a pesar de la existencia de estos lineamientos, diversas instituciones continúan seleccionando a peritos evaluadores sin que estos cumplan con los requisitos mínimos establecidos. Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de titulación de educación superior o técnico por parte de los designados, lo cual pone en tela de juicio su capacidad técnica y conocimiento en la materia.

La falta de transparencia en el proceso de selección de peritos evaluadores puede conducir a una serie de consecuencias negativas. En primer lugar, socava la credibilidad de los procesos de contratación pública, generando desconfianza tanto en los proveedores como en la ciudadanía en general. Esto podría derivar en impugnaciones legales y recursos administrativos que obstaculicen la ejecución de los proyectos públicos.

Además, la designación de peritos evaluadores sin la debida cualificación podría afectar la calidad de las evaluaciones técnicas, comprometiendo la eficiencia y eficacia de los proyectos de inversión pública. Esto podría resultar en la adjudicación de contratos a proveedores que no ofrecen la mejor relación calidad-precio, o peor aún, en la selección de ofertas fraudulentas o poco competitivas.

Es fundamental que las instituciones públicas se adhieran estrictamente a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas en lo que respecta a la designación de peritos evaluadores. Esto implica realizar una selección basada en criterios objetivos y transparentes, que garanticen la idoneidad y la imparcialidad de quienes participan en los procesos de evaluación técnica.

Además, es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y control para prevenir el nepotismo y el favoritismo en la selección de peritos evaluadores. Esto podría incluir la implementación de auditorías periódicas, la promoción de la participación ciudadana en la vigilancia de los procesos de contratación pública y el establecimiento de sanciones claras y disuasorias para aquellos que incurran en prácticas irregulares.

La designación de peritos evaluadores en los procesos de compras y contrataciones públicas debe regirse por principios éticos y criterios de idoneidad técnica. A pesar de los lineamientos establecidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la persistencia de prácticas irregulares en la selección de estos profesionales pone en riesgo la transparencia y la eficacia de los procesos de contratación pública. Es responsabilidad de las instituciones públicas garantizar la integridad y la legitimidad de estos procesos, en aras de promover el uso eficiente de los recursos públicos y el desarrollo sostenible del país.