La magistrada Wendy Martínez fue designada ayer como jueza de la Instrucción Especial, para conocer la solicitud de medida de coerción contra 21 implicados en el robo de una indeterminada cantidad de drogas en la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Dican).

La solicitud de medida de coerción fue hecha por la Procuraduría General de la República, incluye a varios fiscales, entre ellos a Máximo Díaz, dos coroneles, varios oficiales y otros miembros de la Policía de menor rango, cuyos nombres serían dados a conocer la semana próxima por el procurador general Francisco Domínguez Brito en una conferencia de prensa.

¿Suplantador? El fiscal Díaz, quien habría sido separado de sus funciones, supuestamente cambió el acta de un allanamiento que se hizo el pasado 27 de septiembre en la residencia de Roberto Antonio Méndez (Nicolás) y Santo Emilio Hernández, en la cual certificó “no se ocupó nada comprometedor”.

Ese allanamiento hecho en el residencial Michel, situado en la calle 18 número 78 del ensanche Isabelita II, en la provincia Santo Domingo, habría sido autorizado por la jueza Mary Ramírez, a solicitud del procurador fiscal adjunto del distrito judicial de Santo Domingo, Leonidas Suárez, con la finalidad de arrestar a Nicolás y buscar armas y objetos relacionados con drogas.

Todos los implicados en el “Caso Dican” han sido interrogados por una comisión ampliada que integran los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz e Iván Lorenzo; la fiscal Olga Diná Llaverías, el sargento mayor Antolín de los Santos, Agapito Mena Almánzar, Pedro José Almánzar, el raso Rainier García, y otros.

¿Quién es Wendy? La jueza asignada por el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Manuel del Socorro García, para conocer la medida de coerción a los imputados en el caso Dican, se desempeñó hasta mayo del 2009 como jueza de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuando fue trasladada de manera inconsulta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a la Corte de la provincia Santo Domingo, una medida que calificó entonces como “un atropello a la independencia judicial”.