La quemazón de los gobiernos puede comenzar temprano a partir de coyunturas cuatrienales porque las demandas de soluciones, acumulativas y hasta añejas por demás, salen renovadas de las urnas. Ahora es cuando la gente parece más sensibilizada por los déficits estructurales de la educación, las carencias en materia de salud y seguridad social, el desastre de los apagones, la inseguridad en el tránsito, la incidencia delictiva, las debilidades por antigüedad de los códigos Laboral y Penal por vacilaciones de poderes decisivos. Aquí nos detenemos para que esto pueda seguir pareciendo una entradilla o «lead» aunque faltan items por enumerar.

Entre augurios de que cuando al fin aparezca en la agenda legislativa la ruta clara hacia una reforma fiscal, ahora colocada en un preámbulo mediático de agudos conflictos de intereses y renuencia a pagar más impuestos, estarían riesgosamente más vigentes la dependencia del endeudamiento público y los desafíos de invertir en más soluciones trascendentales a los problemas nacionales sin irracionalidades en el gasto. Lastrantes indecisiones para una reforma constitucional se proyectan para largo, con indicios de que no tendrían lugar los desaconsejados procedimientos de «aplanadora» por falta de unidad de criterios en el propio oficialismo.

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Buscan sitio en las prioridades gubernamentales: tratar los pocos aportes de la reforma agraria y el régimen de tenencia de tierra a la lucha contra la pobreza en el campo, las dificultades de financiamiento a mipymes, principales generadores de empleos; los factores que agrandan la informalidad en la economía, la insuficiente protección a adultos mayores, la falta de contención a la violencia de género y el riesgo de que expiren por atascamientos sin definición de culpabilidad o inocencia expedientes sin precedentes para castigar la corrupción, entre otros pasivos sociales.

SIN SALIR A CAMINO

En materia de salubridad, un estudio comparativo sobre este renglón en América Latina, a cargo de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, puso de relieve que en la República Dominicana de este lustro, persisten retos de extender la cobertura del Sistema Familiar de Salud, reducir las incoherencias de atenciones y mejorar la calidad de los servicios. La ausencia de la atención primaria golpea con dureza al segmento poblacional más numeroso.

Evaluados los hospitales del país, salen a relucir instalaciones en mal estado, procesos ineficientes de atención, como respuestas a las dolencias más comunes o de rachas; personal incompleto y manejos administrativos cuestionables. El más reciente estudio estadístico evacuado de la entidad situó la nación en la desfavorable posición 41, con cifra acumulada de 382 muertes por millón de habitantes a causa de enfermedades.

Con 800 mil consumidores de electricidad que no pagan la electricidad (o que no se la cobran con la efectiva logística a que están obligados a aplicar los dirigentes del sistema), están acentuadas las pérdidas desde la distribución a cargo de las EDES, por el otorgamiento de trato privilegiado a clientes de las exquisiteces del poder empresarial, para que una porción voluminosa del flujo de energía sea comprado directamente a los generadores en calidad de no regulados. Tremenda evasión legalizada y debilitadora del sistema por subsidios generosos sin ese nombre.

Además, insólitas negaciones de permisos desde la centralización de mandos a comprar equipos para blindar las redes y regular la potencia en la transmisión y así evitar oleadas de averías, hoy se reflejan en una de las peores caídas del suministro de los últimos tiempos. Una inconsecuente renuencia desde la cúpula del sector energético tiene al país en aguda carencia de medidores del consumo pendientes de adquirir desde hace tiempo, reduciéndose seriamente la capacidad de facturar el uso de la energía que ha pasado a ser calculado al ojo por ciento. Como se sabe, existen las «CDE» informales y delictivas, creadas por rufianes especializados en montar conexiones ilegales en barrios súper poblados a cambio de cuotas mensuales. «Privatización» delincuencial que sustituye masivamente a las EDES verdaderas, aplicando «mayor capacidad» de cobros por extorsiones al servicio del robo de electricidad.

LIDERAZGOS FALLIDOS

Por donde quiera que se mire la culpa mayor de que República Dominicana sea el país con peores índices de mortalidad en el tránsito, ha sido de quienes la han gobernado por decenios. Eran los únicos que podían, con su posesión monopólica de la fuerza y respaldados por potestades constituciones, imponer autoridad con éxito sobre todo lo que tenga que ver con el transporte. Han permitido que por el territorio nacional circulen motocicletas inorgánicas, que por miles y miles ingresaron fraudulentamente desde el exterior y han seguido tan campantes como Johnny Walker, carentes de pólizas de seguros y tragándose una elevada proporción de costosos servicios hospitalarios. Un bumerán: el Estado falla en eso y de allá para acá lo que vienen son duras consecuencias para el fisco que los contribuyentes nutren.

Sus conductores aportan la mayor cuota de víctimas mortales en calles y carreteras. Un Estado que en el colmo de la deserción a ejercicios de autoridad, tiene virtualmente legalizado el conducir bajo efectos del alcohol, mientras discurren por vías vehículos exentos totalmente de la certificación anual que por ley debe indicar que están mecánicamente aptos para moverse por el territorio nacional sin causar daños. Además, no se aplican las restricciones preventivas que en otros países del mundo organizado sacan de las calles a los automovilistas de alta reincidencia (comprobada estadísticamente) para que no causen más accidentes ni muertes. Aquí las licencias son para conducir… y para matar.

POCA PROTECCION

En entes de la sociedad civil que promueven el fiel cumplimientos de las normas institucionales, como Participación Ciudadana y Finjus existe preocupación, porque los grandes casos de corrupción judicializados van frustratoriamente hacia una extinción sin fu ni fa. A la primera de estas entidades le alarman los innumerables incidentes y exceso de permisividad en tribunales, como la de obligar a la lectura integra de expedientes en audiencias meramente preliminares.

Considera que es posible que «con una buena administración de los procesos, las cortes tendrían oportunidad de impartir justicia imponiendo el interés supremo de la sociedad para que el sistema legal deje de ser burlado por quienes tienen recursos y poder para imponerse. Otras preocupaciones que asaltan a la sociedad tienen que ver con la desprotección en que han estado situada las mujeres por todo este tiempo, La activista María Jesús Pola (Susi) sostiene que, a pesar del alto índice de feminicidios en la República Dominicana, y que han arreciado en el 2024, se continúa con la implementación de métodos agotados y con actores del sistema penal que minimizan hechos criminales de la violencia de género, partiendo de circunstancias externas ajenas a la incidencia del machismo devastador que azota a la nación.

Tendría sentido que desde la sociedad emerjan voces para reclamar enfáticamente que en el comienzo del cuatrienio 2024-2028 las instituciones políticas y de Estado pasen a distinguirse por aciertos en la aplicación de una doctrina que haga cumplir leyes y derechos. Que rijan a esta sociedad más satisfactoriamente con reglamentos, legislaciones, reglas formales, morales y éticas, con la finalidad de maximizar el bienestar social.

OTRAS FRUSTRACIONES

Una de las más prometedoras herramientas para vencer la pobreza en el campo está debilitada por fallas en el Sistema de Información Catastral, que llena al país de usos informales y en confusión de derechos de propiedad. Los procedimientos de saneamiento y registro catastrales fallidos dificultan el acceso al crédito y frenan el desarrollo de una agricultura productiva; mientras los parceleros, impedidos de ceder sus predios legalmente se apartan de la Reforma Agraria y de sus beneficios con operaciones notariales de dudoso valor jurídico que hacen que en los hechos el usufructo por sembrar la tierra, pase a terratenientes acaparadores a cambio de unos puñados de pesos.

Las mypimes y sus similares de escasos patrimonios, pero que se les contabiliza como el 98% de empresas moviéndose por la economía, con más de dos millones de empleos, tienen detenido su crecimiento y con frecuencia deben huir hacia la informalidad por factores que disminuyen su viabilidad en un país en el que los peces grandes se tragan a los chiquitos. Los financiamientos que pueden arañar en el ámbito bancarios no son adecuados, no aparecen inversiones hacia la mejoría de sus operaciones, los recursos de que disponen les restan capacidad para competir. Y lo peor, es que los créditos de fomento industrial se basan en reglas y requisitos que parecen trazados para que a sus bondades solo califiquen los grandes.