Desde 1983, cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El objetivo de esta conmemoración radica en la necesidad de que las personas estén en conocimiento acerca de cuáles son sus derechos en relación a la satisfacción de sus necesidades, y al momento de adquirir productos o servicios.
Pero esta conmemoración encuentra a la población dominicana en una gran vulnerabilidad por la falta de acción, según el Observatorio Nacional Para la Protección del. Consumidor (ONPECO), la cual señala:
–Reduflación o reducción del tamaño, calidad y cantidad de los productos
-Falta de información sobre el <deepfakes> o robo de identidad
-Necesitamos una ley de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional
-Alta inflación real y salarios estancados, sobre todo en el sector público por el no cumplimiento de la ley 105-13 que regula los salarios públicos
-Limitado accionar del ente regulador para la defensa de sus derechos.
-Falta de una política clara referida a la transición energética hacia energías limpias y baratas, como manda la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.
-No cumplimiento de la ley 108-13, del 6 agosto 2008, que crea al MERCADOM y la RED NACIONAL ALIMENTARIA (RENA), que busca poner en contacto directo a productores agropecuarios y consumidores finales en todo el país, a fin de eliminar intermediaros y abaratar los precios, propósito que no ha cumplido Merca Santo Domingo.
En el Día Mundial de los Consumidores, Consumers International (CI), la ONPECO advierte sobre necesidad del uso responsable de la Inteligencia Artificial, la cual debe ser justa y adecuada para los consumidores. En esta destaca el riesgo de los deepfakes, o uso engañoso de imágenes y voces con los que se puede engañar a las personas consumidoras, incluyendo las operaciones bancarias y financieras.
Adecuando esa preocupación de CI a la realidad de la Republica Dominicana, nos encontramos con una total ausencia de mecanismos de información para evitar el uso de la tecnología en actividades engañosas en contra de lla población consumidora y consumidores y usuaria quien siente la impotencia de haber sido timada sin que haya respuestas y consecuencias por parte de los organismos de control.
Numerosas personas han perdido dinero que le ha sido extraído de los bancos, robos de identidad, hasta mudanzas completas por elementos que se hacen pasar por empresas que no existen.
«Tenemos reportes de cientos de casos de personas estafadas que no han podido recuperar lo perdido y lo único que se sabe es que son bandas que operan desde las cárceles, y ¡ahí termina la historia!», indicó la entidad.
La advertencia de CI relacionada con la necesidad de que haya acciones desde los gobiernos y el sector privado para que haya un uso responsable de la IA y que esta sirva para mejorar la seguridad y la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas nos llama a reflexionar sobre la indefensión de lla población consumidora de nuestro país.
«No hay respuestas a los reclamos de personas usuarias que han sido estafadas, y mucho menos confianzas en las instancias llamadas a dar protección. Cada día los mecanismos de la IA son más sofisticados, y muchos están por encima de las mismas leyes existentes, por lo que en este Día del Consumidor nos unimos al llamado de Consumers International, para demandar más protección a personas usuarias de los medios y de aquellas que no tiene acceso la mayoría de la gente en la nación dominicana», comentaron.
Consumers hace alusión al deepfakes, que es la forma de la IA, que permite hacer pasar a un impostor o a una impostora como si fuera la misma persona usuaria natural u original, de donde parten para modifica las imágenes, las voces y, con los datos ya adquiridos, entonces hasta estafan a los mismos bancos, los cuales, en muchas ocasiones deben responder ante su clientela. Hablamos de los bancos porque la delincuencia busca dinero.
Pero esta deepfakes, también es utilizada para otros usos que pueden inducir al ciudadano o ciudadana a tomar decisiones incorrectas en materia de compras, y hasta a la hora de disponer o decidir en situaciones y circunstancias que le perjudican.
«En este Día del consumidor, no podemos pasar por alto el tema de la inflación, que en los últimos años nos ha afectado de diversas formas, y en estos primeros tres meses del año la hemos sentido grandemente, por el alza desmedida de los productos de primera necesidad», dijo la ONPECO .
«Desde el 2020 a la fecha nuestra población consumidora ha sido impactada severamente con los precios de los alimentos, de los servicios, como la factura eléctrica; los medicamentos y otros bienes cuyos precios se han multiplicados», añadió.
Señalaron también que la canasta familiar está muy por encima de los diferentes salarios mínimos del país, lo que significa un déficit en la calidad de los alimentos para la mayoría de la población consumidora, con personas que han de afrontar una baja en la calidad de las proteínas básicas para alimentarse. La mayoría de las familias deben endeudarse cada mes para poder alimentar a sus hijos e hijas.
Otro tema para la reflexión de este 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, es el relacionado con la transición energética y el poco esfuerzo que se vislumbra para el avance hacia la energía limpia, como es la solar, para lo cual debería existir un plan como nación, que facilitara obtener energía más barata y de manera permanente. Solo así dejaríamos de sufrir por apagones financieros y se daría comienzo a la independencia energética y alejarnos de los combustibles fósiles.
«El pasado año denunciamos la reduflación, la acción que han llevado a cabo las empresas para reducir el tamaño de los productos que ofertan, y no se ha producido ninguna reacción de las autoridades. Los envases son cada vez más pequeños, la cantidad es reducida y no se avizora alguna señal de que las autoridades asuman el compromiso para que las empresas transparenten y expliquen a quienes consumen sus productos el porqué de esas medidas como se les ha exigido en otros países», manifestaron.
Finalmente, entienden que Pro Consumidor debe tener presencia en todo el país, aplicando lo dispuesto en el artículo 8 en la Ley número 358-05, que establece que esa entidad deberá tener oficinas en diferentes lugares, a nivel nacional, y en donde no pueda tener una oficina, debería existir una estafeta o enlace donde las personas puedan tramitar sus reclamaciones y recibir orientaciones relacionadas con sus derechos.