La República Dominicana, a pesar de ser un país con una población juvenil considerablemente alta (3,671,000 habitantes), entiéndase el 36% de la población total, sigue careciendo de políticas públicas que se enfoquen en generar mejores condiciones y más oportunidades para este importante segmento poblacional.

En términos electorales, la juventud tiene una importancia significativa, que se puede verificar al contactar los datos relacionados con las edades entre los 18 y 35 años, significando el 40.3% de los habitantes con capacidad de votar. Esta población se convierte en el 50.2% del padrón electoral, al sumar los jóvenes de 40 años. (JCE, 2018).

De igual forma, el país cuenta con un marco legal, la Ley General de la Juventud (49-00) y su reglamento de aplicación 834-02, el mismo no ha sido promovido e implementado al nivel esperado por los/as jóvenes dominicanos/as.

De ahí que, es muy notoria la ausencia de políticas públicas para la juventud en todos los órdenes institucionales, desde el Gobierno Central, los ayuntamientos, el Poder Judicial y el Congreso de la República. Tal situación, ha reducido las posibilidades de avance de nuestra juventud, constituyéndose en un grave daño al desarrollo del país, pues termina generando desempleo, embarazos en adolescentes, deserción escolar y universitaria, ni decir, de la cantidad de profesionales jóvenes que deciden emigrar a otros países por la falta de oportunidades.

Deudas Pendientes con la Juventud

La oportunidad de participación política, sigue siendo uno de los grandes derechos que continúa pendiente de garantizar, y que se mantiene bajo el dominio absoluto de las estructuras adultocéntricas que dirigen las cúpulas de los partidos. Estos procesos limitan la participación activa de la juventud, reduciendo las posibilidades de un eficiente relevo generacional que contribuya con el fortalecimiento de la democracia dominicana.
La erradicación de la exclusión social, que margina a miles de jóvenes en todo el territorio nacional, creando cinturones de miseria, círculos de violencia y la peor de todas las condenas, la etiqueta de representar peligro para la seguridad pública.
El desarrollo de un modelo educativo incluyente, que forme para pensar, construir y desarrollar, no para obedecer, aceptar y competir por un salario precario.
Crear y fomentar espacios culturales y deportivos que garanticen opciones de socialización y desarrollo para los jóvenes.
Generar empleos dignos, que permitan reducir las altas tasas de desempleo juvenil que tenemos en el país.

Desafíos del cambio

Diseñar una política pública para la juventud, que sea integral, participativa y representativa para la diversidad de jóvenes, pero sobre todo, que esté libre de adultocentrismo.
Que la voluntad política se exprese en una verdadera articulación intersectorial, donde prime el interés de garantizar los derechos de la juventud.
La política pública debe quedar expresada en el presupuesto nacional, con una clara manifestación de recursos destinados a desarrollar los programas y proyectos en favor de la juventud.
El Ministerio de la Juventud, debe constituirse en un canalizador de las necesidades de este segmento poblacional, asumiendo su compromiso de ser un ente motorizador de las políticas públicas a través de las diferentes instituciones del Estado dominicano.
El Ministerio de la Juventud debe avocarse a convocar un gran encuentro nacional, donde puedan debatirse las principales necesidades de este segmento. Este escenario debe ser el que permita la elaboración de las políticas públicas que demanda la juventud.
El Ministerio debe modificar el reglamento de aplicación de la Ley de la Juventud, el cual tiene serias deficiencias que obstaculizan la implementación eficiente del mismo.
Es pertinente iniciar un proceso de implementación real del Sistema Nacional de la Juventud, con el que se podrá iniciar la promoción, organización y participación política de los/as jóvenes en todo el territorio nacional.
Se debe romper, de forma urgente, con la criminalización de la juventud en los barrios, poniéndoles freno a los abusos policiales. No existen jóvenes en conflicto con la ley, sino jóvenes sin oportunidades, que esperan que se cumpla la ley.
La creación de forma gradual de espacios culturales y deportivos.
La promoción y respeto a la diversidad cultural, religiosa y sexual.
El incremento de la integración de jóvenes en la dirección del gobierno, para ir generando una cultura de inclusión.
El desarrollo de acuerdos con instituciones públicas y privadas, para erradicar el requisito de la experiencia previa.

Llego el momento de avanzar en la elaboración de una política pública para la juventud, que nos permita garantizar los derechos de este importante segmento de la población.