Tanto la ADP como el ministro de Educación, Roberto Fulcar, se han declarado dispuestos al diálogo pero sin flexibilizar sus posiciones, y de esa manera será muy difícil que se entiendan y mucho menos que puedan ponerse de acuerdo para un pronto retorno a las aulas de maestros y alumnos.

Este lunes unos y otros volvieron a brillar por su ausencia, mientras arrecian las críticas y cuestionamientos al gremio magisterial, al que ayer Finjus acusó de tomar decisiones institucionales que están fuera de su competencia.

Pero no parece que esas críticas y cuestionamientos, al igual que la advertencia de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de llevar a la ADP ante la justicia si no retira el llamado a paro, hagan variar la posición del gremio y su presidente, Eduardo Hidalgo, a quien en estos momentos todo el mundo le está recordando su condición de miembro del Comité Central del PLD.

Por eso la etiqueta de política fue la primera que se le endosó a la huelga de la ADP, que no ha puesto mucho empeño en defenderse de esa acusación, probablemente porque el rebrote de contagios que ha provocado la variante ómicron le ha proporcionado la coartada perfecta.

Además de que, si usted lo piensa bien, ¿qué ganaría el gremio magisterial con una huelga que la mayoría rechaza y que le hace más daño que bien a su imagen? ¿Qué ganaría el PLD, además del repudio de la comunidad educativa?

Una forma de poner en evidencia esa politización sería abrirse al diálogo con la ADP, tomarle la palabra a su presidente y su llamado “a crear las condiciones para el retorno a las clases presenciales de manera segura”.

Pero con un ministro de Educación que se muestra cerrado a banda en su decisión de “no negociar el derecho de los estudiantes a su educación”, eso no será posible.

Y es una verdadera lástima, pues todavía la humanidad no ha inventado otra forma de comunicarse y entenderse mas efectiva que el diálogo.