La Oficina de Atención Permanente impuso prisión preventiva como medida de coerción contra Anyelo Antonio Gómez Méndez, imputado por la Fiscalía de estafar a los señores Napoleón Guzmán y Rosanna Santos Jiménez, vendiéndoles vehículos rentados como si fuese el propietario.

El Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal Massiel López, obtuvo tres meses de prisión preventiva contra Gómez Méndez, quien deberá cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional La Victoria, según la disposición de la jueza Evelyn Rodríguez.

La instancia precisa que el modus operandi del imputado era publicar la venta de los vehículos sustraídos en el sitio web www.corotos.com.do, a través del cual las víctimas obtuvieron el contacto del estafador.

Por lo que en fecha 15 de julio del 2017, valiéndose de la falsa calidad de propietario, el imputado vendió al señor Napoleón Guzmán un vehículo marca Honda modelo CR-V, año 1997, sustrayéndole la suma de RD$175,000.00.

Luego el 07 de agosto del 2017, mientras la víctima se desplazaba por las inmediaciones del Km 12 de Haina en el vehículo comprado unos agentes policiales procedieron a su detención y a la retención del automóvil, reportado como robado en la ciudad de Santiago por la señora Ingri Rodríguez, a quien Gómez Méndez le había tomado en alquiler el mismo.

La fiscal López expuso en audiencia que anterior a este suceso, el imputado y un sujeto hasta el momento no identificado, quien en esta ocasión fingió ser dueño de un vehículo Honda modelo CR-V 4X2, año 2003, vendieron el mismo a la señora Rosanna Santos Jiménez por la suma de RD$290,000.00.

Luego la señora Rosanna con el propósito de transferir el citado vehículo a su nombre, en fecha 20 de julio 2017, se dirigió a las oficinas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde le informaron que estaba suplantada la cédula que le había entregado el imputado.

Más tarde, varios agentes policiales y tres representantes del dealer Richard Hernández y Asociados se presentaron a la residencia de la señora, indicándole que el referido automóvil había sido rentado por el imputado, en dicho establecimiento y que había desaparecido con el mismo.

El Ministerio Público le otorgó al caso la calificación jurídica de estafa y falsificación de documentos, delitos previstos y sancionados en los artículos 405 y 148 del Código Penal Dominicano.