Asunción – Casi dos meses después de que Naciones Unidas exhortara a países de América Latina a reevaluar políticas de prevención de embarazo de menores, la justicia paraguaya condenó a 18 años de cárcel a un hombre que embarazó a su hijastra de diez años.

Gilberto Benítez Zárate, un obrero de la construcción de 42 años de edad, escuchó la sentencia leída el viernes por una secretaria del Tribunal de ciudad Luque, en la periferia este de Asunción, presidida por la jueza Alicia Orrego.

La víctima, conocida en los medios locales como «Mainumby» («mariposa» en idioma guaraní), tenía 11 años de edad cuando en 2015 dio a luz a una bebé. Antes de eso Amnistía Internacional solicitó al Estado que le permitiera abortar, pero no tuvo éxito.

La justicia paraguaya no autoriza el aborto como parte de la autonomía sexual de las personas, pero sí señala la posibilidad de interrumpir la gestación cuando la salud de la madre corre peligro de muerte. Actualmente, «Mainumby» va a una escuela pública de su comunidad, informó la fiscal Monalisa Muñoz.

«La fiscalía está de acuerdo con la pena porque el hecho resultó ser muy grave», comentó Muñoz al término de la sesión del tribunal.

El 28 de febrero pasado, en Washington, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas divulgaron un informe conjunto en el que recomendaron apoyar los programas multisectoriales de prevención dirigidos a grupos más vulnerables y hacer masivo el acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual.

El Fondo de Población de la ONU estima que un 15% de todos los embarazaos anuales en la región ocurre en adolescentes menores de 20 años. Los países con mayores tasas de embarazo adolescente son Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

En Paraguay, el ministerio de Salud Pública informó que en 2016 hubo 514 casos de menores de 15 años embarazadas.

En el mismo año se registraron 17.170 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años. Los datos de 2017 aún no están disponibles en el ministerio, pero la fiscalía de menores indicó que el año pasado se recibieron 2.076 denuncias de abuso sexual contra menores.