El titular de la procuraduría anticorrupción (Pepca), Wilson Camacho, informó anoche que diez de los 20 imputados en el caso Calamar admitieron su culpabilidad en los hechos ilícitos que le atribuye el Ministerio Público.

Se trata de Ángel Lockward, Santiago Moquete Sosa Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Oscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación, quienes se comprometieron a colaborar con el MP en la continuación de la investigación del caso.

De acuerdo con Camacho, el grupo no solamente narró ante el tribunal cómo operaba el entramado criminal, el cual dijeron “se comportaba como una mafia”, sino que fueron más allá de varios puntos de los había investigado el MP.

“Debemos afirmar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es simple y llanamente asombroso por tres razones: en primer lugar, 10 imputados han admitido los hechos ante el Tribunal, lo que constituye el 50% de los imputados y el 100% de los imputados que hablaron en el día de hoy”, resaltó titular de la Pepca.

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Dijo que lo ocurrido es consecuencia directa “de la contundencia de la investigación, y de la inteligencia de las defensas para darse cuenta de que las pruebas del MP son irrefutables, razón por la que afirmó, llegaron a acuerdo con el órgano persecutor,

Indicó que las admisiones de los diez imputados además corroboran todas las líneas que ha presentado el Ministerio Público en este proceso.

“Todo esto, unido a las pruebas que ha presentado el MP deben dar al traste en que las conclusiones que hemos presentado al tribunal deben ser acogidas e imponerse las medidas de coerción que hemos solicitado”, agregó Camacho.

Informó que a partir de las declaraciones de los diez imputados admitiendo su responsabilidad en los hechos ilícitos que se les imputan el Ministerio Público solicitó al tribunal como medida de coerción para ellos, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas distintas. Para los restantes diez, 18 meses de prisión preventiva.

“A partir de este momento, y es algo que los imputados han dicho incluso al tribunal, ellos están en disposición de seguir colaborando con el MP, que es un tema que el MP manejará en lo adelante conforme a la dinámica de la investigación” acotó.

Pero además, agregó que los 10 tendrán que devolver el dinero recibido ilícitamente, lo cual dijo, siempre ha sido un fin del Ministerio Público.

Camacho puntualizó que el MP continuará investigando “y llevaremos ante los tribunales a todas las personas que tengamos evidencias de que han cometido ilícito, esa ha sido nuestro accionar en todos los casos y en este no hay ninguna razón que para que sea la excepción”.

¿Qué hicieron?

El primero que pidió la palabra para sincerarse ante la jueza de la instrucción Kenya Romero fue Lockward, de quien el MP dice en el caso Calamar que “la falsedad de escritura pública y uso de actos auténticos falseados” se constituyó “en una de las maniobras fraudulentas empleadas de manera recurrente por el imputado Ángel Gilberto Lockward Mella y Asociados para tramitar las determinaciones de herederos de los casos de expropiaciones que jurídicamente fueron gastados a través de él y de su firma de abogados”.

De Moquete Ortiz, quien según su abogado Yoerikson Alcántara, se comprometió a devolver RD$30 millones, dice que se asoció con los investigados Ramón David Hernández y Yahaira Encarnación Brito para transformar las compañías Finca de recreo Villa Mella y Desarrollos Rurales, y pasarlas a su nombre.

También dice de ellos que dieron a la estructura criminal encabezada supuestamente por el exministro de Hacienda la suma de RD$296,637,125.29 a través de cesiones de crédito firmadas en la Oficina de Lockward.

De Constanzo Sosa, quien de acuerdo con sus abogados admitió ser un presta nombre para la red, el MP dice se dedicaba a identificar bienes que habían sido declarados de utilidad pública para cobrarle al Estado ilegalmente.