La política de deportación de haitianos en situación irregular en República Dominicana ha generado una amplia gama de reacciones. Mientras el gobierno defiende su derecho a regular la migración, varios sectores sociales y organismos internacionales han expresado preocupaciones sobre los derechos humanos y el impacto en las relaciones bilaterales entre ambos países.

A continuación el periódico Hoy explora las diferentes posturas sobre este tema controversial:

Postura del Gobierno Dominicano

El gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, sostiene que el control migratorio es una cuestión de soberanía nacional. Argumenta que la inmigración irregular afecta considerablemente los recursos nacionales, especialmente en sectores clave como la salud, la educación y el empleo. Las autoridades han citado datos que refuerzan su posición.

Sectores nacionales e internacionales, sin embargo, han acusado al país de maltratar a los haitianos indocumentados durante el proceso de repatriación, exigiendo un mayor respeto a los derechos humanos y la justicia.

Ante estas acusaciones, el ministro consejero de la Misión Permanente de República Dominicana ante la OEA, Radhafil Rodríguez, rechazó las críticas y expuso cifras para contextualizar la carga que representa la migración haitiana.

Destacó, por ejemplo, que un 9.9% de los servicios de salud prestados en 2023 fueron destinados a nacionales haitianos, y que el 35.9% de los partos realizados en el país ese año fueron de mujeres haitianas. Además, en cuanto a la educación, mencionó que 146 mil menores haitianos formaban parte del sistema educativo público, con una inversión que ascendió a 430 millones de dólares entre 2022 y 2023.

Por su parte, el director General de Migración, Luis R. Lee Ballester, se reunió con representantes de la ONU para explicar el plan de control migratorio, asegurando que el país respeta los derechos humanos y sigue los protocolos internacionales en los procesos de repatriación.

Reacción de la Iglesia Católica en República Dominicana

En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Dominicano reconoció el derecho de República Dominicana a regular su migración, pero subrayó la importancia de aplicar esas políticas desde la justicia y el respeto a la dignidad humana.

Los obispos hicieron un llamado a evitar situaciones que puedan llevar al maltrato o separación familiar, manteniendo siempre una actitud solidaria hacia Haití, país al que República Dominicana ha extendido ayuda en momentos de crisis.

Postura de Organizaciones Feministas en RD

Más de 50 grupos feministas han denunciado el uso excesivo de la fuerza en las deportaciones, alegando que estas medidas crean un clima de terror y discriminación, especialmente hacia las personas racializadas. Afirman que en muchos casos no se respetan los protocolos establecidos, lo que genera violaciones a los derechos humanos.

Otras organizaciones y Sectores Políticos de RD

Diversas organizaciones políticas, como el Partido Patria para Todos y Todas y el Movimiento Caamañista, también han condenado las deportaciones, calificándolas de arbitrarias y violatorias de la dignidad humana. Denuncian que, en algunos casos, los migrantes detenidos son deportados incluso cuando cuentan con documentos legales emitidos por el Estado dominicano.

Postura del Gobierno Haitiano

El primer ministro de Haití, Garry Conille, condenó las deportaciones masivas, calificándolas como una violación de la dignidad humana.

Además, la ministra de Exteriores de Haití, Dominique Dupuy, también se pronunció, criticando las redadas y el trato hacia los haitianos indocumentados, a las que calificó de “brutales” y “deshumanizantes”.

Posición de Organismos Internacionales

En el ámbito internacional, varios países y organismos se han pronunciado. Durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Guyana, Colombia y Panamá pidieron a República Dominicana que respete los derechos de los migrantes y abogaron por el diálogo entre ambos países, según informaciones de la agencia EFE.

El debate sobre las deportaciones de haitianos en situación irregular sigue dividiendo a la opinión pública. Mientras algunos sectores defienden estas medidas como necesarias para proteger los recursos nacionales, otros alertan sobre el riesgo de abusos y sus consecuencias sociales y económicas.

Entre el 1 y el 6 de octubre, la Dirección General de Migración informó que más de 9,000 extranjeros en situación irregular fueron detenidos.

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