Tras ser hallada culpable de lavado de activos producto del narcotráfico, la diputada Rosa Amelia Pilarte, fue condenada ayer a cumplir 5 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey, en Santiago, y al pago de una multa 200 salarios mínimos del sector público. Asimismo se ordenó el decomiso de 14 bienes muebles e inmuebles cuya propiedad real comparte.

La decisión fue tomada a unanimidad por los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), integrada por los magistrados Francisco Jerez Mena, (presidente); Francisco Ortega Polanco, Marìa Garabito, Fran Soto y Nancy Salcedo.

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“Las pruebas aportadas por el Ministerio Público llevan a la única conclusión lógica, de que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores a sabiendas de su origen ilícito, y con sus transacciones se demostró que intentó diversificar e integrar los valores de actividades ilícitas mediante la adquisición de inmuebles”, dijo la magistrada Salcedo quien motivó el dispositivo de la sentencia previo a ser leído por la Secretaria del Tribunal, y cuyo Ordinal Primero dice lo siguiente:

“Declara a la ciudadana Rosa Amalia Pilarte López, diputada al Congreso Nacional por la provincia de La Vega, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0100863-5, domiciliada y residente en la calle Ricardo Monseñor Pittini, núm. 3, municipio y provincia La Vega, culpable de violar las disposiciones de los artículos 3 numerales 1, 2 y 3, y 9 numerales 1 y 2, de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano;….”

Entre los bienes inmuebles incautados figuran: dos porciones de terreno con extensión superficial de 3,081.41 metros cuadrados cada una, ubicadas entrada La Represa, Manga Larga, La Vega; un local comercial; una unidad funcional del Condominio Edificio Jossierie Santos I, conformado por un sector propio y destinado a local, ambos en La Vega; dos inmuebles en Jarabacoa, uno de 1,728.69 metros cuadrados y otro de 628,863.50 metros cuadrados.

Pedro Amador, quien junto a Pelagio Alcántara y Fernando Quezada representaron al MP en el proceso contra la legisladora perremeista cuyo período en la Cámara de Diputados vence el pròximo 16 de agosto, dijo que la defensa de la condenada tiene todo el derecho de recurrir la sentencia, sinembargo, se mostró confiado en que ante “las sólidas pruebas” aportadas por el órgano acusador la SCJ confirmará el fallo de ayer.