El juez de la Instrucción Especial Napoleón Estévez Lavandier, envió ayer a juicio de fondo por supuesto lavado de activos a la diputada Rosa Amalia Pilarte; dispuso el mantenimiento de las medidas cautelares de todo sus bienes y cuentas bancarias, pero le permitió continuar el proceso en libertad, con posibilidad de salir del país, ya que ordenó la devolución de su pasaporte.

El juez rechazó imponerle medida de coerción a la legisladora oficialista por La Vega, alegando que el MP no motivó ni desarrolló la necesidad de ella, muy especialmente ¿Cuál es el peligro de fuga que representa la imputada para ser coartada de sus derechos? El MP había solicitado imponerle el pago de una fianza de RD$100 millones, impedimento de salida y presentación periódica.

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En cuanto a la ordenanza que dispone que se le devuelva su pasaporte, el juez la justificó indicando que en el ámbito internacional ese documento representa para la imputada su cédula de identidad personal, y que la incautación del mismo sin que él lo ordenara, “implica una afectación ilegítima al derecho de libertad de tránsito de la hoy imputada”.

Agregó el juez que, además, “es totalmente desproporcionado e impertinente” su incautación por parte del ente acusador, ya que no es relevante para el objetivo que pretende alcanzar con su acusación, además de que no lo incluyó en su oferta probatoria.

Al margen de eso, el juez Estévez Lavandier admitió de manera total la acusación presentada por el MP contra Pilarte, por alegada violación a las leyes 155 del 2017 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y 72, del 2002 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas; así como las pruebas ofertadas para su presentación y discusión en el juicio de fondo a la imputada, exceptuando cinco de ellas.

Indicó el magistrado que el auto de apertura a juicio se dictó conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal (CPP).