El Ministerio Público solicitó al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Napoleón Estevez Lavandier, fijar audiencia para conocer de las imputaciones que le hace a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, como supuesta integrante de un circuito de lavado de activos provenientes del narcotráfico que le habría permitido colocar y movilizar a través del sistema financiero nacional la suma de RD$4,418,399,312.92.

El órgano persecutor le pide además al juez de la alta corte, admitir la acusación y las pruebas presentadas contra la legisladora perremeista por La Vega; le imponga el pago de una garantía económica de RD$100,000, y presentación cada 30 días mientras dure el proceso en su contra y sea enviada a juicio de fondo.

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A la diputada se la vincula con la red criminal del caso denominado “Botones” dirigida por el deportado y prófugo declarado en rebeldía Pablo Antonio Martínez, a la que se le ocuparon 111,772 pastillas de éxtasis en allanamientos realizados en el país.

Según la solicitud de medidas, el circuito de lavado de activos desarrollado para ocultar los bienes de procedencia ilícita de la organización criminal liderada por Martínez y su hermano Rigoberto Bueno Javier, “ contó con la participación del acusado Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López y la esposa de este Rosa Amalia Pilarte López”, y de otras personas físicas estrechamente vinculados a ellos.

Dice que para el negocio ilícito utilizaban personas jurídicas que han controlado o son sus beneficiarios finales, mediante las cuales desarrollaron una serie de actividades, entre ellas préstamos millonarios a diversas personas físicas y jurídicas, procurando tener el medio explicativo del amplio circuito de lavado de activos.

Indica que los hermanos Pablo y Rigoberto, y Micicky López, integraban parte del cuerpo accionario del Consejo de Avicultores Yéganos, constituida el 10 de junio del 1999.

Dice que a nombre de la diputada fueron adquiridos bienes inmuebles de valores millonarios, propiedades que entre los años 2015 y 2016, Piilarte Lòpez traspasó casi en su totalidad a nombre de la razón social Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., cuyos beneficiarios finales, por conestán vinculados a ella.