Julio A. Vargas Jiménez 
Omar Fernández
El diputado del Partido Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, Omar Fernández, sometió este jueves un proyecto de modificación a la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, que busca sancionar hasta con tres años de prisión y hasta cincuenta salarios mínimos la crueldad y maltrato animal. Además, la propuesta establece la penalidad de hasta 15 salarios mínimos y prisión entre 6 y 12 meses para los dueños de mascotas que no cumplan con los deberes establecidos en la propia ley respecto a la tenencia responsable de los mismos.
El incumplimiento de la norma estará a cargo de una Procuraduría Especializada de Protección Animal, creada a más tardar a seis meses a partir de la promulgación de esta ley por la Procuraduría General de la República (PGR), la que las responsabilidades que a la fecha recaen sobre la unidad de protección animal.
“Estamos proponiendo la creación de un departamento dentro de la Policía para una acción más rápida y efectiva para quienes ataquen animales” expresó el congresista de la Fuerza del Pueblo.
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Asimismo, el departamento en la Policía Nacional para la protección animal podrá proceder a someter a la acción de la justicia, sin necesidad de que intervenga denuncia o querella por parte de terceros.
Para aplicar estas reformas, el proyecto establece la necesidad de la creación de un Departamento de Protección Animal, a cargo del viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública (MISPAS), en un plazo no mayor a los seis meses de promulgada la ley.
Un 2% del presupuesto anual de los gobiernos municipales estaría destinado a la creación, atención y sustento adecuado de los albergues indicados anteriormente.
Lo recaudado por las multas será dividido en cinco partes iguales (20%) entre el Departamento de Protección Animal del MISPAS, la alcaldía o junta de distrito municipal de la demarcación donde se produjera el hecho multado, el Departamento de Protección Animal de la Policía Nacional, las organizaciones de protección animal y la Procuraduría Especializada de Protección Animal de la PGR.
