La vinculación del diputado Sergio Moya (Gory) en el caso Calamar, con el que se habría estafado al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos según la acusación del Ministerio Público, ha puesto en evidencia que el legislador, al que se señala como uno de los coordinadores del programa que supuestamente se dedicaba a extorsionar a propietarios de bancas ilegales, es el quinto diputado del oficialista PRM que enfrenta problemas con la justicia desde agosto del 2020.

Mírese como se mire son sencillamente demasiados, con lo que debe haberse roto un récord del que cualquier partido debería sentirse avergonzado; y desde la vergüenza, si no es que se la comieron los burros, pedirle excusas al país, acompañadas de algún tipo de explicación que incluya el compromiso formal de que se harán todos los esfuerzos para que algo así no vuelva a suceder jamás con sus legisladores.

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Eso no ha pasado, como sabemos todos, y probablemente no vaya a suceder nunca mientras vivamos en República Dominicana y nos comportemos como dominicanos, por lo que no sería justo ni realista esperar que nuestros políticos no se comporten de la manera a las que nos tienen acostumbrados, y de la que nos estamos jartando aunque la mayoría no se haya dado cuenta.

Que eso le esté sucediendo a un partido que llegó al gobierno apalancado en la promesa de un cambio es otra prueba más de lo difícil que resulta cambiar la política dominicana, que arrastra vicios y taras desde la época de Concho Primo, aunque en estos tiempos posmodernos los caudillos no se imponen con los galones de su uniforme o la ferocidad de su machete sino que visten de saco y corbata y convencen y encantan con el don de la palabra.

El silencio de la Cámara de Diputados ante la situación de esos y otros legisladores en problemas con la justicia resulta bochornoso, pues indica que se impone el espíritu de cuerpo, el hoy por mi y mañana por ti que se parece tanto a la complicidad entre malhechores.