El presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios, Earl Blumenauer (Demócrata-Oregon) y el representante Dan Kildee (Demócrata-Michigan), jefe adjunto del grupo Demócrata de la Cámara de Representantes y copresidente del grupo del Azúcar de la Cámara, emitieron la siguiente declaración reflexionando sobre su reciente delegación congresional a la República Dominicana:
“Hace más de diez años, una denuncia laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (DR-Cafta) solicitó al Gobierno de los Estados Unidos investigar denuncias de trabajo forzoso en la industria azucarera dominicana. A principios de este mes, nos reunimos con trabajadores y funcionarios en la República Dominicana para comprender mejor este tema preocupante que ha estado presente durante décadas. Se han logrado avances importantes para abordar el trabajo infantil y reducir la trata de personas. Sin embargo, nuestras observaciones y conversaciones con personas en el terreno confirmaron los informes oficiales y periodísticos recientes de que persisten los indicadores de trabajo forzoso.
“Vimos las arduas condiciones de trabajo y de vida que sufren los cortadores de caña para producir azúcar para nuestro consumo. Viven con sus familias en asentamientos de vivienda proporcionados por la empresa, llamados ‘bateyes’, en condiciones duras y deficientes. Incluso Central Romana, el mayor productor de azúcar de la República Dominicana, que inició algunas mejoras, reconoció que sus instalaciones necesitan mejoras mucho mayores.
“A pesar de esto, una cultura del miedo parece impregnar la industria, donde los supervisores de la empresa, guardias armados y los miembros de un sindicato no representativo vigilan a los trabajadores tanto en los campos como en los bateyes. Algunos trabajadores describieron que se les ordenó permanecer callados y no hablar con nadie sobre sus condiciones antes de nuestra visita. Tal acoso e intimidación son totalmente inaceptables y confirman la necesidad de una acción inmediata.
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“La industria depende predominantemente de trabajadores de ascendencia haitiana, que carecen de protecciones básicas y acceso a permisos de trabajo temporales o cualquier tipo de situación regularizada o legal. Algunos de estos trabajadores también forman parte de las más de 135,000 personas apátridas estimadas en todo el país. Sin estatus legal, los trabajadores seguirán siendo muy vulnerables a abusos y al trabajo forzoso. Ahora es el momento de que las empresas rindan cuentas a sus trabajadores y se unan a los funcionarios del Gobierno para remediar su situación y finalmente poner fin al riesgo de trabajo forzoso.
“Junto con la Administración Biden, debemos fortalecer los lazos de larga data entre los EE. UU. y la República Dominicana para poner a la industria en el camino correcto. Estamos con estos trabajadores y los funcionarios dominicanos que intentan proteger los derechos de los trabajadores, especialmente los de ascendencia haitiana. Mejorar los estándares laborales en nuestros países socios comerciales también ayuda a elevar los estándares para los trabajadores estadounidenses. De nuestra reunión con la administración del presidente Abinader, vimos que la administración reconoce que la economía no progresará hasta que todos los trabajadores tengan derechos básicos y protecciones en el trabajo y en sus comunidades, y su compromiso con la reforma fue evidente en nuestra reunión. Además, elogiamos los pasos del Gobierno de la República Dominicana para combatir la corrupción y fortalecer su economía. Como vimos en el Acuerdo Estados Unidos-Canadá-México, cuando el liderazgo de los gobiernos socios está motivado, es posible una reforma ambiciosa y podemos lograr el éxito para los trabajadores, los empleadores y nuestras respectivas economías.
“Este viaje ha reafirmado la importancia de las políticas comerciales centradas en los trabajadores que benefician y mejoran la vida cotidiana de las personas”.