El derecho a conocer las identidades de los involucrados en los sobornos pagados aquí por Odebrecht, un principio legal que compete a cada ciudadano dominicano, sea gobiernista, opositor o independiente y alcanza a todas las organizaciones que pululan en el quehacer nacional, a nadie concede el deber de atentar contra la institucionalidad, ni armar desordenes de puro vandalismo como el protagonizado por diputados fanáticos de la oposición en actitud violenta frente a la sede de la Procuraduría General.
Abandonar sus curules, trasladarse hasta la Procuraduría y desafiar violentamente un cordón policial que impedía el acceso de revoltosos, fue una improvisación ilegal, descabellada, de puro fanatismo, llevada a cabo por legisladores del PRM, Alianza País y el Frente Amplio con fines estrictamente politiqueros. El pretexto: indagar por qué la Policía Nacional impedía a manifestantes improvisar carpas para protestar indefinidamente exigiendo la publicación de dichos nombres, los cuales no estaban aún en poder del Procurador, Jean Alain Rodríguez, pues constan dentro del legajo de documentos llegados al país un día después.
¿Están facultados los diputados para ejercer funciones policiales, investigando in situ casos de orden público? ¿Quién dijo a estos congresistas del PRM, Alianza País y Frente Amplio que ellos pueden interrogar fuera del hemiciclo al Fiscal General, quien es parte del Poder Judicial? ¿No saben, que en todo caso, tienen que ser comisionados mediante resolución de la asamblea? ¿Hasta dónde llega la ignorancia de estos legisladores obnubilados por un ejercicio opositor de puro corte extremista?
Los agentes policiales que reprimieron el desafío actuaron correctamente. El saldo pudo ser peor al herido y los desmayados, un comportamiento civilizado para nuestros estándares. Después, los opositores intentaron limpiar su disparate reenviando otra comisión; admisión implícita de que actuaron violentamente, como fanáticos.
Le deben una disculpa al país.