TAHIRA VARGAS GARCÍA 
El trabajo de campo en varias comunidades rurales nos presenta casos continuos de personas en situación de pobreza con algún tipo de discapacidad que son altamente vulnerables no solo en términos socio-económicos, sino también ante abusos físicos, psicológicos y sexuales.
Encontramos un caso de una joven de 19 años en una comunidad de Elías Piña. Ella tiene una condición de discapacidad auditiva y del habla. Ella vive en pobreza extrema, un cuarto con paredes de materia desechable, piso de tierra y techo de zinc deteriorado. Líderes comunitarias relatan con mucha impotencia su situación. Ellas cuentan que sufren continuas violaciones sexuales por hombres de la comunidad.
La fiscalía en la provincia no cuenta con traductores para obtener información de la joven violada y proceder contra sus agresores. La joven discapacitada se encuentra aislada y sin protección ante el abuso, mientras, los agresores mantienen su práctica sin ser juzgados.
Este no es un caso aislado. Son muchos los casos de personas con algún tipo de discapacidad que sufren todo tipo de violaciones a sus derechos y son invisibles. Además de los abusos sexuales, otras violaciones de derecho que experimentan estas personas son:
1. Negación del acceso a una vida digna. Todos los días nos encontramos en las calles de las distintas ciudades y pueblos a personas discapacitadas que no tienen pensiones, ni están insertas en ningún programa de asistencia social. Se encuentran en situación de calle, pobreza extrema, pidiendo limosnas, recogiendo botellas y cartones para subsistir.
2. Apresamiento y represión de agentes policiales. No son pocos los hechos que se han presentado en distintas comunidades en los que agentes policiales apresan, golpean y en muchos casos matan a personas indigentes con discapacidad mental. Estas personas sufren cotidianamente el maltrato de agentes policiales que deben garantizar seguridad y respetar los derechos, su conducta está muy lejos de responder a estos lineamientos.
La situación de los derechos y la vida de las personas discapacitadas en la sociedad dominicana son muy precarias. No existen procesos educativos dirigidos a crear conciencia en la ciudadanía del respeto de sus derechos.
El sistema de justicia no cuenta con herramientas en las distintas provincias y municipios para canalizar y procesar los casos de violaciones de derecho que sufre esta población. Las barreras de comunicación y acceso a la justicia para esta población se incrementan aún más que las ya existentes para la población en general. La visibilidad de la realidad de esta población es necesaria en todos los ámbitos con un tratamiento de equidad y respeto a sus derechos e igualdad de oportunidades independientemente de su condición.
