HOY DIGITAL 
Autores: Sócrates Barinas y Edwin Gómez, PNUD República Dominicana
La República Dominicana ha dado pasos importantes en lo que respecta a la adaptación de medidas y normativas a favor de la población con discapacidad. Sin embargo, la información existente hoy en día indica que la mayoría de las personas con discapacidad enfrentan dificultades significativas para desenvolverse en la vida cotidiana y participar de manera plena y efectiva en la sociedad, en comparación con el resto de la población.
La población con alguna discapacidad se encuentra entre las que están en mayor situación de vulnerabilidad en el contexto de los países en desarrollo, mientras que, en sociedades más avanzadas donde logran acceder en igualdad de condiciones a los servicios y a los derechos desaparece esta condición de vulnerabilidad. Esto sucede cuando se rompen los obstáculos de movilidad, reciben servicios de salud y educación adaptados a sus necesidades, acceden a trabajos decentes y a oportunidades de empoderamiento y participación social, económica y política.
La nota de política 18 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): «Estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en la República Dominicana» sintetiza la experiencia del PNUD en República Dominicana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) durante la conducción metodológica y la implementación de un estudio sobre la situación socioeconómica de las personas con discapacidad, con el objetivo de caracterizar las barreras que limitan su desarrollo humano, con énfasis en las dimensiones de educación inclusiva, salud, acceso al trabajo y participación social. Este documento tiene como propósito contribuir desde el PNUD a generar conocimiento y evidencias para la optimización en la toma de decisiones de política pública para «no dejar a nadie atrás».
Para elaborar el estudio se aplicaron técnicas cuantitativas y cualitativas. Primero se realizó una revisión de las metodologías utilizadas en el país para medir la discapacidad y su inclusión en los marcos normativos e institucionales. Luego, se evaluó la situación socioeconómica de las personas con discapacidad a partir de datos sobre personas en situación de pobreza o vulnerabilidad registrados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) en el Tercer estudio socioeconómico de hogares 2018 (3ESH 2018) (SIUBEN, 2019). En una tercera fase se llevaron a cabo grupos focales con informantes clave del sector público y de instituciones de la sociedad civil para profundizar el estudio de las barreras que persisten, tanto en el Estado como en el sector privado, y que limitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y también se exploraron los principales efectos de la pandemia.
Finalmente, se realizó un análisis de datos presentados en encuestas y en instrumentos normativos, que permitieron generar recomendaciones de política para garantizar la protección efectiva de las personas con discapacidad y su acceso a los servicios de atención integral. Dichas recomendaciones servirán como insumo para integrar un eje sobre inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad en la estrategia de protección social del país.
Los datos examinados señalan que hay un peso importante del ciclo de vida y del género en la discapacidad en la República Dominicana, lo que está en consonancia con la situación que se registra a nivel internacional. En efecto, los datos indican que las personas con algún tipo de discapacidad se distribuyen desigualmente según el sexo y el grupo de edad. La discapacidad es ligeramente más común en las mujeres y tiende a incrementarse con la edad, sobre todo a partir de los 60 años.
Los datos muestran que, a medida que se incrementa la edad de las personas, aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que, a su vez, tienden a generar mayores limitaciones físicas y psicológicas, lo que explica la mayor incidencia de la discapacidad adquirida en edades avanzadas. En el gráfico 1 se muestra que, entre las personas de menos de 60 años, la incidencia de la discapacidad está por debajo del 5%. En cambio, a partir de esa edad comienza a crecer rápidamente y alcanza al 22,3% de las personas de 80 años y más.
En lo que respecta al acceso a la educación, el análisis de todos los indicadores sobre educación disponibles para el conjunto de la población que habita en zonas donde predominan la pobreza o la vulnerabilidad señala que existen brechas significativas. El porcentaje de personas de 15 años o más que no saben leer y escribir es 3,5 veces más elevado entre la población con discapacidad (35,7%) en comparación con la población sin discapacidad (9,8%). En lo relativo al análisis de las barreras que dificultan la inserción laboral, las cifras muestran que el 81,2% de las personas con discapacidad de 18 años o más que habitan en dichas zonas están fuera del mercado de trabajo, lo que contrasta con el segmento de personas sin discapacidad, donde esta proporción asciende solo al 25,9%. Mientras que 6 de cada 10 personas sin discapacidad están empleadas, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad lo están. Además, de las personas que tienen alguna ocupación, casi la mitad de ellas acceden a trabajos ocasionales (37,7%) o temporales (12,7%), mientras que menos de la mitad (48,4%) reportó tener un trabajo permanente con acceso a derechos y que puede ser asociado a “trabajo decente”.
De acuerdo con los datos analizados, en los hogares donde habita alguna persona con discapacidad se identifican patrones de desigualdad vinculados al género y la edad que les afectan de forma desproporcionada y profundizan la vulnerabilidad y la exclusión social. Entre ellos se destacan: la división sexual del trabajo, la menor participación de las mujeres en el mercado laboral, aunque ellas superan a los hombres en lo que respecta a los logros educativos, y la mayor carga de trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar. Por otra parte, se observa que el país enfrenta un gran déficit de servicios formales de cuidado dirigidos a la primera infancia y los adultos mayores en situación de dependencia y afectando de forma especial a las personas con discapacidad
En consonancia con estos resultados, el análisis cualitativo derivado de las entrevistas realizadas confirma la persistencia de estigmas vinculados con el género y la edad, que incluyen, entre otros, la discriminación en los servicios de salud y educación que afecta en mayor medida la salud reproductiva, la sobreprotección por parte de familiares que limita la autonomía de las personas con discapacidad, y la subestimación en el entorno laboral de las habilidades de estas personas.
A través de estos y otros insumos analizados, pudimos concluir que:
- En lo que respecta a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, los datos señalan que las personas con discapacidad enfrentan numerosas desventajas en términos de derechos en comparación con las personas sin discapacidad, lo que reproduce desigualdades y limita su participación y su contribución al desarrollo social y económico. A su vez, la pandemia profundizó las barreras que ya afectaban a este segmento de la población.
- El marco legal sobre los derechos de las personas con discapacidad se considera relativamente adecuado, pero en general se lo desconoce y la respuesta institucional a favor de las personas con discapacidad es limitada.
- Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la discapacidad juegan un rol importante, pero su incidencia es limitada y requieren fortalecerse y adquirir mayor poder para impulsar los cambios necesarios.
- En el país existen pocos estudios que midan los efectos reales de la falta de políticas de protección de las personas con discapacidad y se verifica una asimetría en lo que se refiere a la incidencia de los actores clave para impulsar su desarrollo humano.
- Aunque la discapacidad es una dimensión que está integrada en los planes estratégicos de los diversos sectores gubernamentales, se invierte muy poco en esta problemática, es decir, se le asigna un bajo presupuesto institucional y sectorial, por lo que es preciso explorar instrumentos para aumentar la financiación y promover la coordinación interinstitucional a fin de proveer una respuesta integral.
Estos hallazgos indican que, a pesar de diversas iniciativas, como los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2007), la elaboración del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2019-2030 (Ministerio de la Mujer, 2018), y el plan para desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados (MEPyD, 2021), las políticas basadas en el enfoque de género y en el enfoque del ciclo de vida deben profundizarse e integrarse como estrategia de respuesta integral.
Desde la oficina del PNUD en la República Dominicana hemos acompañado a diversas instituciones, a nivel nacional y local, para sensibilizar e integrar los derechos de las personas con discapacidad en las políticas laborales, educativas y de protección social a través de acuerdos de gestión y del diseño de instrumentos para la capacitación y la implementación de intervenciones específicas poniendo a disposición del país nuestra experiencia y red global de conocimiento como entidad intergubernamental presente en más de 170 territorios.
Vale resaltar la importancia de los acuerdos firmados entre el PNUD y el Ministerio de Trabajo para el desarrollo de acciones para acelerar la obtención de resultados transformadores de cara a la inclusión, como capacitaciones en materia de discapacidad y derechos humanos a todo el cuerpo de inspección, personas de alta gerencia y personal técnico; el desarrollo de instrumentos que facilitan la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, como son la guía para personas con discapacidad en búsqueda de empleo, la guía para la inclusión laboral de personas con discapacidad dirigido a empresas e instituciones públicas (que se formuló con base en el marco normativo desarrollado por el PNUD para la inclusión de las personas con discapacidad), (CONADIS, Ministerio de Trabajo y PNUD, 2018), actualización del documento Manual de Procedimientos Operativos del SENAE (Servicio Nacional de Empleo) y apoyo a la Escuela Taller del Ministerio de Trabajo.
Asimismo, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), en colaboración con el PNUD, desarrolló el Sello de Buenas Prácticas Inclusivas para las Personas con Discapacidad “RD Incluye”, implementado en las entidades públicas, privadas, asociaciones sin fines de lucro y organismos internacionales.
Por otra parte, desde el PNUD se está implementando el Proyecto “PORTALENTO Latinoamérica” este impulsado por el BID Lab y la Fundación ONCE de España, con el Ministerio de Trabajo como socio estratégico y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) como aliado, este proyecto tiene como propósito mejorar la empleabilidad de la población con discapacidad. A través de estos trabajos ya ha sido creada la primera “Red de Empresas PORTALENTO-RD”, que une a ocho importantes empresas del país para promover la orientación e intermediación laboral, con el fin de mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, enfocándose en sus capacidades y necesidades tanto de la empresa como de las personas con discapacidad. También iniciaron las capacitaciones de Orientación Laboral e intermediación Laboral para el personal del Ministerio de Trabajo y la Red de Empresas.
Visto lo anterior, pasamos a citar los principales retos identificados en la República Dominicana para integrar un enfoque de inclusión en la política pública: i) es preciso desarrollar una estrategia integral a nivel del país, que permita transversalizar esta temática en la planificación nacional y en el presupuesto público de todos los sectores; ii) dado el carácter multidimensional de la discapacidad, las soluciones deben ser intersectoriales, y iii) uno de los principales catalizadores del cambio es la capacidad de agencia y el reconocimiento de los derechos desde la perspectiva de las personas con discapacidad, pero en el país las soluciones hasta ahora se han diseñado sin la participación de este segmento de la población.
Por esto, es esencial considerar las siguientes recomendaciones:
- Avanzar en el cumplimiento de los compromisos multisectoriales establecidos en el Programa de Gobierno 2020-2024 y en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024 para la inclusión de las personas con discapacidad, y fortalecer el posicionamiento del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) como órgano rector.
- Renovar las estrategias de comunicación y promover el activismo social permanente de las organizaciones de personas con discapacidad, y ampliar la estrategia de sensibilización y toma de conciencia en torno a la discapacidad y sus derechos en todas las esferas de la política pública.
- Capitalizar las experiencias de coordinación intersectorial e interinstitucional que han dado resultados positivos en lo que refiere a la inclusión de las personas con discapacidad durante la respuesta a la pandemia de la COVID-19 y promover la conformación de mesas de trabajo intersectoriales permanentes.
- Aprovechar las oportunidades de diálogo interregional sobre mejores prácticas para la inclusión de las personas con discapacidad.
- Profundizar la promoción de instrumentos y políticas de discriminación positiva que aceleren los logros en materia de inclusión social y económica, como el sello de inclusión promovido por la oficina del PNUD en República Dominicana, con incidencia en el sector público y privado.
Además de estas recomendaciones, este análisis dispuso de insumos claves para integrar un enfoque de inclusión de personas en situación de vulnerabilidad en los procesos de elaboración de: i) el Programa de País 2023-2027 del PNUD para la República Dominicana; ii) el Marco de Cooperación 2023-2027 entre el Gobierno de la República Dominicana y el Sistema de las Naciones Unidas, y iii) las propuestas de intervenciones específicas para lograr la recuperación socioeconómica inclusiva.
Finalmente, estas recomendaciones buscan servir de inspiración para potenciar los instrumentos existentes, promover alianzas, y dotar de una mayor capacidad de agencia a las personas con discapacidad a fin de facilitar el cambio hacia una sociedad justa, inclusiva, competitiva y sostenible, que posicione las personas al centro de las políticas públicas para no dejar a nadie atrás.
