Después del proceso electoral del pasado 19 de mayo, se ha suscitado un debate en todos los sectores de la vida nacional sobre la reforma fiscal. Lo primero es que todas las fuerzas vivas que conforman la sociedad dominicana deben sincerarse sobre qué tipo de Estado queremos antes de discutir a fondo una reforma fiscal integral.

Por ejemplo, la ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece que para el año 2025 la presión tributaria (ingresos tributarios como porcentaje del PIB) debe ser de un 21.5%, y para el 2030, de un 24% del PIB. La pregunta del millón de dólares que todos debemos hacernos es la siguiente: ¿Está la estructura productiva del país apta para soportar una presión tributaria de un 21.5% del PIB para el próximo año? La respuesta sincera es que no, debido al alto gasto tributario que tiene el Estado, no solo para sectores productivos importantes como Zonas Francas y Turismo, sino que gran parte de este gasto tributario va a exenciones del ITBIS. No creo que ningún Gobierno se atreva a tocar ese tema por el alto costo político y social que acarrea. Además, la complejidad del código tributario dominicano ha sido un gran catalizador de la informalidad, que actualmente ronda el 56%.

Uno de los sectores predilectos de los gobiernos de turno para buscar recursos frescos para sus reformas tributarias es el sector de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, los hacedores de políticas públicas que históricamente han sugerido estas reformas se han olvidado de un concepto clave en economía: la elasticidad de la demanda. Mientras más suben los precios, los consumidores son más sensibles a esos cambios y, por ende, buscan bienes sustitutos. Esto trae como consecuencia una reducción de la producción de ese bien en particular. Después de la reforma tributaria del 2012, el mercado formal de ron se redujo en un 30% como consecuencia de dicha reforma. De acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entre 2012 y 2020, el volumen anual de producción de ron se redujo en 2.5 millones de litros, mientras que el resto de las bebidas alcohólicas incrementó su volumen en un 18%. Esto ha dado lugar al surgimiento de un mercado informal de ron que amenaza la salud de la población y una industria vital para el desarrollo nacional como lo es el turismo. Por tal razón, la próxima reforma no debe estrangular más a ese sector.

El Gobierno debe explicar de manera clara y sencilla los objetivos que persigue con esta reforma y su alcance a largo plazo. La República Dominicana tiene una de las presiones tributarias más bajas en América Latina y el Caribe, alrededor de un 14.5% del PIB, mientras que el promedio de la región es de un 19% del PIB, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el FMI, en 2019, el gasto primario del Gobierno dominicano fue de un 13.9% del PIB, uno de los más bajos de la región, lo que limita la capacidad del Gobierno para satisfacer las necesidades básicas de la población. Esto ha llevado a una situación de estrés en las finanzas públicas, ya que ha empujado a los gobiernos a endeudarse para cubrir los gastos. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, entre 2008 y 2019, los déficits del sector público no financiero han promediado un 3.3% del PIB. Mientras tanto, la deuda bruta del sector público no financiero como porcentaje de los ingresos tributarios es una de las más altas del mundo. Si a esto le agregamos la deuda del Banco Central, la situación fiscal es realmente preocupante.

Dado este escenario, el Gobierno debe dar señales claras de que quiere mejorar las finanzas públicas. Un primer paso ha sido la introducción de la ley de responsabilidad fiscal, pero el Gobierno debe enviar señales más contundentes en cuanto al mejoramiento de la calidad del gasto. Es necesario eliminar instituciones que tienen duplicidad de funciones, tener una burocracia eficiente que se mida en base a resultados y no por favores políticos, y cuidar cada peso para no gastarlo en francachelas. Ahora bien, si el Gobierno logra introducir una reforma que logre recaudar el 2% del PIB, el 1.2% no puede destinarse exclusivamente a la sostenibilidad de la deuda. Primero, porque la gente no come con eso ni le importa. Segundo, la población está dispuesta a sacrificarse si ese sacrificio se traduce en un mejoramiento sustancial de los servicios públicos. Porque la lógica fiscal en este contexto internacional adverso es mantener la sostenibilidad de la deuda, pero también se deben mantener las redes de protección social.

Antes de hablar de aumentar tributos, el Gobierno debe hablar de cómo va a mejorar la recaudación de los ingresos tributarios a través de una administración eficiente. Una administración eficiente de los ingresos tributarios es fundamental para la estabilidad económica y el crecimiento de cualquier nación. Al optimizar los mecanismos de recaudación de impuestos y reducir la evasión, los gobiernos pueden aumentar sustancialmente sus ingresos sin aumentar las tasas impositivas.

Fortalecimiento del cumplimiento tributario mediante la digitalización La transformación digital de la administración tributaria es una piedra angular para mejorar el cumplimiento y reducir la evasión. Países como Estonia y Brasil han sido pioneros en el uso de herramientas digitales para agilizar los procesos tributarios, garantizando una recaudación precisa y oportuna. El sistema de impuestos electrónicos de Estonia, por ejemplo, permite a los contribuyentes presentar declaraciones en línea con facilidad, lo que reduce significativamente las cargas administrativas y aumenta las tasas de cumplimiento. Al adoptar tecnologías similares, otros países podrían ver una marcada mejora en los ingresos fiscales.
Ampliación de la base impositiva: Es esencial ampliar la base impositiva incorporando sectores informales e industrias que pagan menos impuestos. Muchas economías tienen un gran sector informal que escapa a la red impositiva, como es el caso específico de la República Dominicana. Por ejemplo, la integración del sector informal en México mediante políticas e incentivos fiscales específicos ha demostrado tener potencial para ampliar la base impositiva. La implementación de medidas similares a nivel mundial podría generar ingresos adicionales significativos.
Mejorar la analítica de datos y la gestión de riesgos: Las administraciones tributarias modernas aprovechan la analítica de datos para identificar y mitigar los riesgos de evasión fiscal. La analítica avanzada puede detectar patrones y anomalías en el comportamiento de los contribuyentes, lo que da lugar a auditorías y medidas de cumplimiento oportunas. La Agencia Tributaria y Aduanera del Reino Unido (HM Revenue and Customs, HMRC) emplea sofisticados modelos de evaluación de riesgos que han mejorado considerablemente el cumplimiento tributario y la recaudación de ingresos. Otros países podrían beneficiarse de la inversión en este tipo de capacidades de analítica de datos.
Fortalecimiento de la cooperación internacional: La evasión fiscal se ve facilitada a menudo por las transacciones transfronterizas y los paraísos fiscales. El fortalecimiento de la cooperación internacional y el intercambio de información, tal como lo promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es crucial. Iniciativas como el Estándar Común de Información (CRS) facilitan el intercambio automático de información fiscal entre países, lo que ayuda a frenar la evasión y a aumentar los ingresos.
Simplificación del código tributario y reducción de los costos de cumplimiento: Los códigos tributarios complejos y los altos costos de cumplimiento disuaden el cumplimiento. Simplificar las regulaciones tributarias y reducir la carga burocrática para los contribuyentes puede generar mayores tasas de cumplimiento voluntario. El enfoque de Nueva Zelanda de simplificar los procesos de declaración de impuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ha dado como resultado un mejor cumplimiento y una mayor recaudación de ingresos. La adopción de estrategias similares puede ayudar a otros países a lograr resultados comparables.
Invertir en la capacitación y el desarrollo de capacidades: Es fundamental desarrollar la capacidad del personal de la DGII mediante la capacitación y el desarrollo profesional continuos. Una administración tributaria eficaz requiere personal capacitado que pueda desenvolverse en leyes tributarias complejas y emplear tecnologías modernas de manera eficiente. Países como Singapur han invertido mucho en la capacitación de sus funcionarios tributarios, lo que ha dado como resultado un sistema de administración tributaria altamente eficiente que maximiza la recaudación de ingresos.

Finalmente, si el Gobierno da pasos firmes en esa dirección, creo que nadie que le duela el país estaría dispuesto a no sacrificarse por el bien de la colectividad.