En un hecho sin precedentes en la historia de la judicatura dominicana, el juez de la Instrucción Especial Ramón Horacio González Pérez envió a prisión preventiva a una jueza activa y a un exmiembro del Consejo del Poder Judicial (CPJ), acusados de prevaricación.

Se trata de Awilda Reyes Beltré, jueza interina del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cargo del cual fue suspendida a raíz de la acusación que le hizo el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; y del consejero Francisco Arias Valera, quien renunció dos días antes de darse a conocer la denuncia del procurador.

Medidas de seguridad. Atendiendo al mandato del juez, los imputados fueron recluidos en habitaciones donde su dignidad e integridad física no corren peligro. El procurador dispuso que Awilda ocupara la celda en la que estuvo Sobeida Féliz Morel; que sea monitorizada las 24 horas, y se le de soporte sicológico.

La convicción del juez. El magistrado González Pérez decidió enviarlos por tres meses a Najayo, en San Cristóbal, la madrugada del jueves, por entender que contra ellos “han surgido indicios graves, precisos y serios, concordantes y suficientes, que hacen presumir, razonablemente, que podrían resultar culpables de la comisión de los hechos por los cuales son investigados”, y porque además existe peligro de fuga.

Esos hechos son violación de los artículos 177, 178, 179, 181, 183, 265 y 266 del Código Penal Dominicano; 3, 4 y 18 de la Ley número 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, y otras infracciones graves.

Las pruebas. Fueron determinantes el recibo mediante el cual Reyes Beltré devuelve a Arias Valera RD$350,000 que le entregó “como adelanto” para liberar al regidor de Pedro Brand Erickson de los Santos Solís; la experticia caligráfica del Inacif a las firmas estampadas por ambos en ese recibo, y el testimonio del director de la Carrera Judicial, Justiniano Montero Montero, y del secretario del CPJ, Edgar Elieser Torres Pichardo.

Según lo declarado en el plenario por estos dos testigos del MP, en su presencia y la del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, Reyes Beltré “admitió haber recibido del entonces consejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera, la referida suma de dinero”.

Afirmaron que con la magistrada y su compañero sentimental se trasladaron desde el despacho de Germán al domicilio de ella “a buscar las 175 papeletas de $2,000 que había recibido para liberar al regidor”.

A la cárcel. El magistrado dictó su decisión después de sopesar todo eso y los argumentos de la defensa, representada por Tomás Castro y Carlos Balcácer, quienes durante las más de 10 horas de debates sostuvieron que todo cuanto se le imputa a sus clientes es una falacia del procurador con el único objetivo de hacerles daño; y solicitaron que fueran dejados libres mientras el MP continuaba la investigación, porque no existía peligro de fuga.

Dispuso además la revisión obligatoria de su medida el 17 de marzo y anunció la lectura íntegra de su dictamen para el día 22.

El reproche. En su resolución 001-2015, el juez afirma que el daño causado a la sociedad “es gravísimo” porque ha minado las bases del sistema de justicia penal en la República Dominicana, ha convulsionado de manera catastrófica al Poder Judicial, y ha perturbado de manera profunda la conciencia de la sociedad, porque con esto traicionaban la confianza del pueblo.

ZOOM

Acusación del MP

El procurador Domínguez Brito acusó a los jueces Awilda Reyes, José Dionicio Duvergé Mejía, Delio Antonio Germán Figueroa, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, de ser parte de una estructura liderada por Francisco Arias Valera, que a lo interno del Poder Judicial se dedicaba a negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado.