El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó a los fiscales actuantes en el caso de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, acusados de prevaricación y soborno, apelar la decisión de la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por prisión domicialiaria que le fue otorgada.

“Existe un Código Procesal Penal, que habla de igualdad ante la ley, imparcialidad e independencia, pero, lamentablemente, cada día crece el número de casos para los cuales existen dos interpretaciones: una para los pobres y desenredados de la fortuna; y otra para los ricos, narcos y corruptos”, manifestó el Procurador General.

Domínguez Brito expresa que el magistrado Antonio Sánchez, juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conoció “una revisión para el caso de los jueces Awilda y Arias Valera, a quienes ha favorecido con un arresto domiciliario, sin razón justificada alguna, pues esta, en todas las legislaciones está prevista para “casos especiales”, básicamente humanitarios”.

El procurador general Domínguez Brito insistió en que el sistema sigue necesitando reformas y el cese de la complicidad dentro de sistema de justicia.

De su lado, la titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, expresó que los precedentes de ese tipo de medida están en el caso del alcalde de La Romana, y que lo mismo siguió con el caso del síndico de las Terrenas, y más recientemente con el fiscal Isidro Vázquez y ahora con el ex- consejero del Poder judicial y la jueza confesa.

“Podemos ver que este tipo de accionar se está convirtiendo en la salida salomónica de los jueces para favorecer a los corruptos favoritos y no podemos seguir así”, afirmó Laura Guerrero.

Los funcionarios lamentaron que la impunidad siga buscando nuevas formas, “vistiéndose ahora de arresto domiciliario”.