Entre las imputaciones del Ministerio Publico (MP) contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero está que benefició a socios suyos con fondos públicos, específicamente a Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y José Arturo Ureña, a través de la empresa Trossachs Enterprises para equipar dos hospitales y la cual recibió RD$7,615,863,686, durante el período 2017-2020. Sin embargo, más del 50% de los fondos fueron erogados en 2020.

En la solicitud de medida de coerción el MP señala que entre el cuatro de febrero al 14 de agosto del año 2020, la empresa Trossachs recibió RD$4,519,412,308, de los cuales Guerrero pagó RD$1,838,721,737 por el Ministerio de Hacienda, como una obligación del tesoro, es decir, una deuda administrativa.

La fiscalía afirma que los montos fueron pagados de manera fraudulenta porque no calificaban como obligación del tesoro ni pasaron el Control Interno de la Contraloría General de la República, violentando la Ley 10-07, además que carecen de soportes.

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Entre las fallas auditadas a los libramientos para los pagos es que no tenían evaluación técnica de cubicación y no estaban certificados. Una de las adjudicaciones a esa empresa fue el equipamiento del Hospital M. Dr. Vinicio Calventi, Santo Domingo, por RD$964,882,745, el cual aumentó en un 432% del valor de la primera adenda, de la cual no se encuentra su certificado de registro.

Otra fue el equipamiento del Hospital Jaime Mota, provincia Barahona, por RD$753,152,630, en cuyo contrato del 2019 se violó la Ley de Compras, ya que se aumentó un 325% del valor de la primera adenda. Además, se contrató la empresa mediante el criterio de Excepción sin evidenciar la razón que dio lugar a esta forma de contratación.

“Además, se detectó que dentro de los conduces evaluados, emitidos por Trossachs Enterprises, S.R.L, figuran una serie de equipos de laboratorio no contemplados en el presupuesto contratado, los cuales fueron suministrados por Guival Medical en virtud del contrato FP-066-2019, por tanto, los conduces emitidos por Trossachs Enterprises, S.R.L. relacionados a estos equipos debieron ser anulados”, señalan los fiscales.

También “se detectó adulteración de los conduces, con los cuales se simuló la entrega de una serie de equipos que en realidad no fueron entregados. En tal sentido el levantamiento físico validó la entrega de un 81% del monto contratado, equivalente 608,718,916.75.

No obstante, las cantidades de equipamientos entregados, según conduces, asciende a un 97% del monto contratado, equivalente a 729,334,196.36), para una diferencia entre lo recibido, según conduce, y el levantamiento físico realizado por el Ministerio de Vivienda de RD$120,615,279.61; empero el contrato fue pagado en su totalidad, ascendente a 753,152,630”.

Agrega “que ese pago fue efectuado en fecha del 31 marzo del año 2020, a través del Ministerio de Hacienda, previo al registro del referido contrato en la Contraloría General de la República, el cual tuvo lugar en fecha primero (1) de abril del año 2020, y sin haber agotado los procesos de cierre del contrato, ni haber hecho entrega formal de las garantías y certificaciones de entrenamientos de los equipos que así lo requerían”.